Más de 120 de personas podrían verse afectadas por la enmienda a la Ley de Integridad, que prevé la cesación del mandato o la pérdida del cargo para aquellos en cuyo caso existen decisiones judiciales definitivas sobre la violación del régimen de incompatibilidades o de conflictos de intereses.
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha declarado constitucional una enmienda introducida en la Ley de Integridad, que establece que las personas en conflicto de intereses o incompatibles también perderán sus cargos públicos.
Entre los afectados se encuentra el alcalde de Timișoara, Dominic Fritz, quien ha sido declarado en conflicto de intereses por la Alta Corte de Casación y Justicia. Como resultado de la sanción, su indemnización se ha reducido en un 10% durante seis meses.
La enmienda, apoyada por el PSD y AUR, estipula que las personas afectadas también perderán el cargo 30 días después de la entrada en vigor de la ley.
La Agencia Nacional de Integridad monitorea 122 casos de personas bajo la prohibición de tres años, de las cuales el 75% se declaran en conflicto de intereses mientras ocupaban cargos electivos.
Hasta la fecha, 47 de estas continúan ocupando cargos públicos.
Las sanciones aplicadas varían desde la reducción del salario entre un 5-20% hasta la falta de medidas.
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