La aprobación de la nueva ley de salarios unificados no es una prioridad para los próximos meses y, en principio, está prevista para 2027, declaró el ministro de Trabajo, Florin Manole, en una entrevista concedida a Digi24. El funcionario precisó que el proyecto no puede aprobarse en uno o dos meses, ya que el Gobierno debe centrarse primero en la rectificación presupuestaria y en la preparación del presupuesto para 2027.
Las decisiones relativas a la nueva ley dependen de la evolución de las finanzas públicas, de las medidas relacionadas con las pensiones, las asignaciones y otras prestaciones sociales, así como de los compromisos de Rumanía con la Comisión Europea para mantener el déficit bajo control. El ministro indicó que el acto normativo podría aprobarse a comienzos de 2027 y aplicarse a partir de 2028, o podría beneficiarse de una rectificación presupuestaria en la segunda mitad del próximo año.
La documentación presupuestaria prevé gastos salariales de 166.000 millones de lei en 2026 y de 174.000 millones de lei en 2027. Sin embargo, Florin Manole subrayó que estas estimaciones no representan un compromiso de aumentar los gastos de personal del sector público. Antes de la ley salarial, el Gobierno tiene también otras prioridades, entre ellas proteger a los consumidores vulnerables y aprobar la legislación correspondiente.
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