El Ministerio de Justicia ha anunciado la finalización de un proyecto de ley que tiene como objetivo la protección contra los procesos abusivos, conocidos como acciones SLAPP, que se utilizan para intimidar a las personas involucradas en movilizaciones públicas. El proyecto transpone la Directiva (UE) 2024/1069 a la legislación nacional, estableciendo estándares mínimos de protección para la libertad de expresión, información, asociación y reunión pacífica. Los beneficiarios directos de esta ley son los periodistas, las organizaciones de medios, los activistas y los defensores de los derechos humanos.
Entre las medidas propuestas se encuentran la imposición de una fianza para los gastos judiciales, el rechazo rápido de las solicitudes infundadas y la concesión de indemnizaciones por daños. Además, se prevé la aplicación de sanciones contra los abusadores del sistema judicial. Las autoridades estiman que las nuevas regulaciones reducirán los procesos abusivos, desahogarán a los tribunales y limitarán los costos judiciales, teniendo un impacto social positivo sobre los debates públicos.
Entre las medidas propuestas se encuentran la imposición de una fianza para los gastos judiciales, el rechazo rápido de las solicitudes infundadas y la concesión de indemnizaciones por daños. Además, se prevé la aplicación de sanciones contra los abusadores del sistema judicial. Las autoridades estiman que las nuevas regulaciones reducirán los procesos abusivos, desahogarán a los tribunales y limitarán los costos judiciales, teniendo un impacto social positivo sobre los debates públicos.
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