El portavoz del ICCJ, Victor Alistar, declaró que la ley sobre la jubilación de los magistrados discrimina a esta categoría frente a otros grupos beneficiarios de pensiones de servicio y viola la independencia de la justicia. Alistar explicó que el proyecto de ley elimina de facto la pensión de servicio para los magistrados y contraviene los estándares internacionales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, subrayó que la ley utiliza términos ambiguos y crea incertidumbre, afectando la seguridad de las relaciones jurídicas.
Alistar mencionó que el 66% de los magistrados tendrán un aumento brusco en la edad de jubilación, y la ley crea una discriminación evidente entre las categorías de pensiones de servicio, siendo netamente desfavorable para los magistrados. A raíz de estas observaciones, las Secciones Unidas del ICCJ decidieron, por unanimidad de votos, remitir al CCR sobre la inconstitucionalidad de la ley.
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