El gobierno decidió, el 5 de diciembre de 2025, asegurar la protección de los magistrados y de sus familias a través de la Policía Rumana, tras las crecientes amenazas.

En el contexto del aumento de las amenazas contra los magistrados, el Gobierno de Rumanía adoptó, el 5 de diciembre de 2025, una resolución mediante la cual se establece que la protección de estos, de los miembros de su familia y de sus bienes será asegurada por la Policía Rumana.

El acto normativo detalla las medidas especiales de protección, las condiciones de aplicación y modifica la Resolución del Gobierno nº 719/2005 sobre la seguridad de los tribunales y fiscalías. Las medidas de protección pueden ser solicitadas por los directores de los tribunales o fiscalías, y en caso de amenaza inmediata, los magistrados pueden solicitar directamente la protección de la policía. La resolución define también las obligaciones de los magistrados y de las instituciones implicadas, así como los procedimientos de suspensión y impugnación de las medidas. El derecho a la protección está regulado por la Ley nº 303/2022.