Diana Buzoianu, la ministra del Medio Ambiente, reaccionó firmemente después de las protestas en contra del proyecto legislativo que busca incriminar los matrimonios forzados: "No afecta a las minorías"

Ella subrayó que la iniciativa no tiene como objetivo a las minorías, sino que protege a miles de niñas y mujeres en Rumanía, la mayoría de las víctimas de estos abusos. El proyecto prevé penas de prisión de entre 3 y 7 años para los matrimonios forzados, y en casos graves, la sanción puede llegar hasta 10 años. Buzoianu criticó a los manifestantes, preguntando por qué la mayoría de quienes impugnan la ley son hombres adultos y no mujeres afectadas. Además, propuso una campaña de información pública para concienciar sobre los derechos de los niños.