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Daniel Buda, eurodiputado del PNL, declaró que el ataque del Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional (CCR) contra la reforma de la administración no es una coincidencia, sino un bloqueo político. Subraya que el Defensor del Pueblo, cuyo mandato ha expirado, impugna medidas destinadas a reducir el despilfarro y a reestructurar el aparato burocrático del estado.
Buda acusa al PSD de hipocresía, afirmando que, aunque declaran que apoyan las reformas, en realidad hacen todo lo posible por bloquearlas, especialmente cuando amenazan las redes de privilegios en la administración. Su reacción llega después de que el Defensor del Pueblo haya notificado al CCR en relación con la OUG recientemente adoptada, que prevé la reducción de miles de puestos en la administración, invocando violaciones de la Constitución. Buda concluye que Rumanía no puede progresar con un estado bloqueado por los intereses de aquellos que temen a la reforma.
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