El Tribunal de Apel de Bucarest justificó la prisión preventiva de Călin Georgescu e Ionel Rusen por la existencia de un peligro concreto para el orden público y por el riesgo de que ambos influyeran en la investigación o eludieran la acción penal. La decisión se tomó después de que los fiscales de la DIICOT impugnaran la medida de control judicial.
Los jueces invocaron la gravedad de los hechos investigados, la duración de la presunta actividad delictiva, el perjuicio de 1,1 millones de euros y el uso de medios de comunicación cifrados. En el caso de Georgescu, el tribunal mencionó las conversaciones sobre trasladarse a Italia, la adquisición de una propiedad en la Toscana y la solicitud de asilo político. La eliminación de algunos mensajes y la identificación de equipos de interferencia fueron consideradas indicios de posibles preparativos para eludir la investigación.
Según la motivación, Georgescu habría facilitado el contacto entre la persona perjudicada y Rusen, presentado como intermediario para obtener un crédito. Posteriormente, a la víctima se le habrían solicitado garantías, y el dinero no habría sido devuelto.
La decisión no expresa una conclusión sobre la culpabilidad de ambos, precisaron los jueces. Cristina Grecu presentó una opinión disidente, al considerar que no existen indicios concretos de que Georgescu o Rusen pretendieran huir u ocultarse.
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