El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ha expresado críticas severas al proyecto de la futura Ley de salarios, destacando que el presidente de la Alta Corte de Casación y Justicia (ICCJ) es remunerado por debajo de funciones como los consejeros presidenciales y ministros.
En una declaración del 19 de agosto de 2026, el CSM subrayó que esta jerarquización afecta el estatus constitucional de la autoridad judicial, poniendo en discusión su posición frente a los otros poderes del estado. El proyecto prevé un coeficiente salarial de 6,15 para el presidente de la ICCJ, inferior al de los consejeros presidenciales y líderes de los grupos parlamentarios, que se benefician del coeficiente 6,50.
El CSM ha subrayado que tal jerarquización es "difícil de justificar", teniendo en cuenta que el presidente de la ICCJ representa la cúspide del sistema judicial.
Además, el CSM ha señalado que el proyecto continúa siendo promovido a pesar de la suspensión del procedimiento de elaboración por la decisión de la Corte de Apelaciones de Bucarest.
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