Ioana Dogioiu, la portavoz del Gobierno, ha sido nominada en el Consejo de Administración de la Sociedad Rumana de Radiodifusión, lo que ha suscitado críticas por parte de las organizaciones ActiveWatch y el Centro para el Periodismo Independiente (CJI). Estas han enviado una carta abierta en la que subrayan que, aunque la función de portavoz no está explícitamente prohibida, el ejercicio simultáneo de esta y el rol de administrador de la SRR puede crear percepciones de incompatibilidad y riesgos de influencia política.
De acuerdo con la Ley nº 41/1994, los miembros del Gobierno no pueden formar parte de los consejos de administración de los medios públicos, y la nominación de Dogioiu plantea serias preguntas sobre la independencia editorial de la SRR, especialmente en el contexto del Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Las ONG piden al Parlamento que rechace la propuesta, advirtiendo que un voto favorable socavaría la independencia de la institución y podría llevar a la subordinación política de los medios públicos.