El CCR ha pospuesto hasta el 28 de diciembre la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley de pensiones especiales de los magistrados en la forma en que el Gobierno de Bolojan asumió la responsabilidad en el Parlamento.
La Alta Corte de Casación y Justicia ha impugnado la ley promovida por el Gobierno de Bolojan, considerando que la ley de pensiones "viola la independencia de la justicia" y "elimina de facto la pensión de servicio para los magistrados".
El Gobierno asumió el martes, 2 de diciembre, la responsabilidad en el pleno reunido del Parlamento. Es la segunda vez que el Gobierno asume el proyecto. "Establecer la pensión en un máximo del 70 por ciento del último salario neto, aumentar la antigüedad en el trabajo de 25 años a 35 años y, además, aumentar la edad de jubilación de 48, 50 años a 65 años en un período de transición de aproximadamente 15 años", precisó Bolojan.
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