La Corte Constitucional ha decidido que la cesación automática de la actividad de los policías judiciales tras la retirada del aviso del fiscal jefe de DIICOT es inconstitucional.

La Corte Constitucional de Rumanía estableció, el miércoles, que las disposiciones legales que conducen automáticamente a la cesación de la actividad de los funcionarios o agentes de la policía judicial de las estructuras de combate a la criminalidad organizada, tras la retirada del dictamen del fiscal jefe del DIICOT, no respetan la Constitución. Los jueces del CCR admitieron, por unanimidad de votos, la excepción de inconstitucionalidad, subrayando que estas disposiciones son constitucionales solo si la retirada del dictamen se realiza de acuerdo con los procedimientos legales establecidos. La Corte destacó que el texto criticado no ofrece un marco claro y predecible para las condiciones y el procedimiento de cesación de la actividad de los policías judiciales, vulnerando así el principio de legalidad. Además, el CCR subrayó que el estatus del policía judicial no puede estar sujeto a derogaciones que ignoren las exigencias constitucionales ya establecidas.