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Florin Manole, exministro de Trabajo, declaró que, durante su mandato, casi 8000 de personas con certificados de inclusión en grado de discapacidad perdieron beneficios, tras controles que mostraron que no son personas con discapacidades.
La Agencia Nacional para la Protección de las Personas con Discapacidad realizó más de 72.000 reevaluaciones, identificando 8.750 certificados que no debieron ser otorgados. Manole subrayó que, además de la lucha contra el trabajo en negro y el fraude, el objetivo fue también asegurar la justicia social.
Así, 11.000 personas que fueron incorrectamente clasificadas recibieron una nueva clasificación, de acuerdo con las realidades médicas. Estas medidas reflejan el compromiso del ministerio de corregir los errores en el sistema de inclusión de personas con discapacidad.
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