Luisiana Dobrinescu, abogada y socia en Dobrinescu Dobrev Haraga, declaró que, aunque la ANAF ha comenzado los controles en el área de las criptomonedas, la legislación actual es poco clara, lo que puede llevar a litigios para los contribuyentes.
Recientemente, la ANAF aprobó una orden que obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a reportar anualmente datos sobre cuentas y transacciones. Dobrinescu destacó que, mientras que las obligaciones fiscales para las personas físicas son claras, las empresas del sector enfrentan incertidumbres. El Ministerio de Finanzas no ha elaborado reglas contables específicas para los criptoactivos, y la contabilidad de estos sigue siendo problemática.
Dobrinescu mencionó que las fluctuaciones de valor de las criptomonedas complican su gestión, y la falta de regulaciones claras puede llevar a decisiones de imposición controvertidas por parte de la ANAF. Esta situación podría generar una amnistía fiscal, afectando tanto al presupuesto como a los esfuerzos de los contribuyentes y de los abogados.
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