Anteriormente, el presidente de la Autoridad Electoral Permanente, Adrian Țuțuianu, defendió un proyecto de modificación de la Ley de los partidos políticos que prevé transferir el registro y la disolución de las formaciones del Tribunal de Bucarest a la AEP. En la forma debatida, las solicitudes serían resueltas en un plazo máximo de 30 días por paneles compuestos por cinco especialistas de la AEP, y las decisiones podrían impugnarse en un plazo de cinco días ante el Tribunal de Apelación de Bucarest, con un plazo de 15 días para su resolución. El proyecto fue criticado por el PNL y la USR, que afirmaron que una institución cuya dirección es designada políticamente podría llegar a ejercer un control discrecional sobre las formaciones, mientras que Țuțuianu rechazó las acusaciones.
Asimismo, Țuțuianu planteó también en el Parlamento la cuestión de la organización interna de la AEP, afirmando que la mitad de los empleados habría sido contratada sin concurso y proponiendo reducir los puestos de 575 a 395, con exámenes para los puestos que permanezcan tras la nueva estructura. El sindicato de la AEP impugnó la medida, advirtiendo que la reducción de personal afectaría a la capacidad de la institución.