Un nuevo proyecto legislativo prevé la obligación de las instituciones y autoridades públicas, unidades sanitarias, unidades de enseñanza y operadores económicos que gestionan estaciones de metro, estaciones de tren, autobuses y aeropuertos de garantizar acceso gratuito a agua potable. El proyecto responde a las deficiencias actuales en la regulación del acceso al agua potable en espacios públicos, donde los ciudadanos a menudo se ven obligados a comprar agua embotellada debido a la falta de puntos de hidratación.
Esta situación afecta especialmente a las personas vulnerables y contribuye al aumento de residuos plásticos. La iniciativa prevé la instalación de dispensadores de agua en las zonas de espera y tránsito, y su funcionamiento estará condicionado a medidas de higiene y dotación de vasos biodegradables. El proyecto debe ser adoptado por el Parlamento y promulgado por el presidente del país para entrar en vigor.
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