La Unión Europea ha decidido endurecer la política de migración, adoptando un proyecto que prevé la creación de centros de expulsión fuera del bloque comunitario. Este compromiso se ha logrado tras negociaciones entre los Estados miembros, siendo aclamado por los partidarios de una línea firme contra la inmigración ilegal, pero criticado por las organizaciones de derechos humanos.
El proyecto, que será sometido a una última votación en el Parlamento Europeo, incluye sanciones más severas para los migrantes que se nieguen a abandonar la UE, como la confiscación de documentos de identidad y la prolongación de la detención hasta 24 meses. Además, la prohibición de entrada en la UE para los expulsados se extenderá a diez o veinte años. Francia y España han expresado su escepticismo respecto a estos centros, considerándolos una amenaza para los derechos humanos.
El nuevo texto marca un cambio significativo en la política de migración de la UE, reflejando el ascenso de la derecha en el Parlamento Europeo. Los críticos acusan a este acuerdo de ser un retroceso de los derechos fundamentales para los migrantes.
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