El eurodiputado estonio Jüri Ratas propone eliminar las nuevas condiciones de inversión para los derechos de emisión gratuitos y establecer protecciones adicionales para la industria

El eurodiputado estonio Jüri Ratas, del grupo del Partido Popular Europeo, propone eliminar las nuevas obligaciones de inversión en descarbonización que la Comisión Europea quiere introducir para conceder derechos de emisión gratuitos a partir de 2031. En su proyecto de opinión para la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, también pide mecanismos que detengan o reviertan parcialmente la reducción de las asignaciones gratuitas cuando la protección de la industria europea frente a la competencia exterior resulte insuficiente.

En resumen, la Comisión propone conceder el 80% de la asignación gratuita tras la aprobación de un plan de descarbonización, y el 20% restante después de verificar las inversiones y las reducciones de emisiones. Ratas pide eliminar este mecanismo, que exigiría inversiones al menos equivalentes al valor de toda la asignación gratuita correspondiente al período de cinco años. Para los sectores cubiertos por el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el ponente propone conservar una parte mayor de las asignaciones gratuitas en 2030–2032. Las evaluaciones cada dos años podrían activar la congelación de las reducciones y, si los problemas persisten, su reversión parcial. El límite total de emisiones disminuiría más lentamente de lo que propone la Comisión en 2031–2035, con un factor lineal de reducción del 3,2% en lugar del 3,7%. A partir de 2036, sin embargo, Ratas propone un 2,2%, frente al 1,7% del texto de la Comisión, lo que supondría un ritmo más rápido en la segunda etapa. Las instalaciones cuyas emisiones se sitúen por debajo de la media del 10% más eficiente del sector recibirían un suplemento del 10% en la asignación gratuita, según otra enmienda. El documento es el proyecto del ponente para opinión y no representa una posición adoptada por la comisión ni por el Parlamento.

La disputa se refiere a la forma en que la industria seguiría recibiendo apoyo en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, conocido como EU ETS. Según la Comisión, las asignaciones gratuitas buscan limitar el riesgo de que la producción y las emisiones se trasladen fuera de Europa. Las cantidades se calculan utilizando referencias de eficiencia, y los derechos necesarios que una instalación no recibe gratuitamente deben comprarse.

La propuesta de la Comisión introduciría a partir de 2031 una condición general de inversión en descarbonización en la UE. Los operadores tendrían que preparar un plan verificado y aprobado por la autoridad competente, y las inversiones admisibles deberían alcanzar al menos el valor económico de todos los derechos gratuitos correspondientes al período de cinco años. El plan debería prever medidas y objetivos intermedios compatibles con la neutralidad climática.

El mecanismo denominado «80/20» se refiere al momento de concesión de los derechos, no al reparto de las emisiones entre una parte gratuita y otra gravada. Tras la aprobación del plan, el 80% de la asignación del período se distribuiría en tramos anuales. El 20% restante se concedería después de confirmar las inversiones admisibles en la UE y reducciones significativas de emisiones; la verificación tendría lugar como máximo dos años después del final del período. La propuesta incluye excepciones, entre otras, para las instalaciones más eficientes y determinados proyectos respaldados por fondos europeos.

Ratas pide eliminar las disposiciones que establecen este mecanismo. En la justificación del proyecto, sostiene que las obligaciones rígidas y los plazos de reinversión pueden llevar a algunas empresas grandes consumidoras de energía a reducir su actividad o cerrar instalaciones. Su argumento es que las tecnologías necesarias para reducir las emisiones, incluido el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono o la electrificación de procesos a altas temperaturas, aún no están disponibles a una escala suficiente o no son comercialmente viables para todos los sectores.

Un segundo cambio se refiere a la retirada gradual de los derechos de emisión gratuitos para los productos cubiertos por el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, CBAM. Este mecanismo se refiere a las importaciones, mientras que los exportadores europeos pueden seguir expuestos a la competencia de productores de países sin un coste comparable del carbono. El proyecto pretende introducir protecciones específicas también para esta parte de la producción.

La Comisión ya propone prorrogar las asignaciones gratuitas para los sectores CBAM hasta finales de 2037. Ratas mantiene en el calendario básico su eliminación a partir de 2038, pero modifica las etapas intermedias. El factor aplicado a la asignación gratuita sería del 70% en 2030, en lugar del 59%; del 58% en 2031, en lugar del 48%; y del 40% en 2032, en lugar del 37,5%. Estos porcentajes se aplican a la asignación calculada conforme a las normas del ETS; no representan una cuota garantizada de las emisiones efectivas de cada fábrica.

El calendario podría interrumpirse mediante un nuevo mecanismo de evaluación de la eficacia del CBAM. La Comisión realizaría la primera evaluación antes del 30 de noviembre de 2028 y la repetiría cada dos años, analizando la expansión de las capacidades fuera de la UE, la disminución de la producción europea, el aumento de la proporción de las importaciones, la evolución de las exportaciones y la diferencia entre los costes del carbono soportados por los productores.

Para los indicadores relativos a la producción, las importaciones, las exportaciones y la deslocalización de inversiones, el proyecto utiliza umbrales superiores a dos puntos porcentuales respecto de las tendencias del período de referencia, con ajustes específicos para cada indicador. Para la diferencia en el coste del carbono, el umbral previsto es un aumento superior al 15% durante el período evaluado. El ponente pretende así distinguir un deterioro adicional de las tendencias que ya existían antes de la retirada de las asignaciones gratuitas.

La activación de un indicador detendría las reducciones programadas para los dos años siguientes en el sector afectado. Si el problema persistiera en la evaluación siguiente, la Comisión tendría que volver a aumentar el factor de asignación, hasta el nivel aplicable en el año anterior a la primera evaluación. Cuando solo se vean afectados los indicadores relativos a las exportaciones, la protección abarcaría la parte de la asignación correspondiente a la exposición a las exportaciones, no toda la producción del sector.

Al margen de la distribución gratuita de los derechos, Ratas propone modificar el ritmo al que disminuye el límite total del sistema. El factor lineal sería del 3,2% en 2031–2035 y del 2,2% a partir de 2036, frente al 3,7% y el 1,7%, respectivamente, en la propuesta de la Comisión. La modificación reduciría la presión en la primera mitad de la década, pero aceleraría la reducción respecto del texto de la Comisión en la segunda mitad. Los porcentajes describen la trayectoria del límite del ETS y no constituyen obligaciones idénticas de reducción para cada empresa.

El proyecto también incluye un incentivo para las instalaciones con un alto rendimiento. Aquellas cuyas emisiones estén por debajo de la media del 10% más eficiente del sector o subsector, sobre la base de los años 2026 y 2027 y de las referencias pertinentes para los productos, recibirían un 10% más de derechos gratuitos que la cantidad calculada normalmente. El suplemento se presenta como una recompensa por los esfuerzos tempranos de descarbonización.

Sin embargo, el texto contiene una discrepancia entre la justificación y las enmiendas en relación con la deslocalización. Ratas afirma que quiere mantener la obligación de devolver los derechos para las empresas que trasladen su producción fuera de la UE. No obstante, la enmienda 28 pide eliminar íntegramente los apartados propuestos por la Comisión para el nuevo mecanismo, incluido el apartado que contiene esta obligación, sin reintroducirla de forma separada en las enmiendas presentadas.

El proyecto de opinión, fechado el 18 de septiembre, está destinado a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria, responsable del expediente legislativo. Las propuestas de Ratas deben examinarse durante el proceso parlamentario; la publicación del documento no modifica las obligaciones actuales de las empresas ni establece la posición final del Parlamento en las negociaciones con el Consejo.