La Comisión explica que la flexibilidad presupuestaria no puede sustituir la condición de un déficit inferior al 3% del PIB para 2025. La solicitud de Roma de un margen adicional para defensa y energía sigue siendo analizada, y los datos italianos deben ser verificados por Eurostat.
Italia sigue por encima del umbral de déficit necesario para salir en 2026 del procedimiento europeo de déficit excesivo, después de que los datos del Istat indicaran un déficit del 3,1% del producto interior bruto para 2025. La Comisión Europea explicó que una eventual aprobación de la cláusula derogatoria nacional no eliminaría la condición de que el déficit del año pasado fuera inferior al 3%, y que la solicitud de flexibilidad presupuestaria de Roma sigue en evaluación.
En resumen
1. El déficit del 3,1% del PIB para 2025 supera el umbral exigido para cerrar el procedimiento en 2026. La Comisión precisa que, para el resultado del año pasado, la condición se aplica independientemente de la cláusula derogatoria.
2. Un eventual cierre también presupone unas previsiones que muestren el mantenimiento del déficit por debajo del 3% en 2026 y 2027. En esta evaluación de los años siguientes puede tenerse en cuenta la flexibilidad presupuestaria.
3 La solicitud de Italia, recibida el 11 de septiembre, sigue en análisis. La activación de la cláusula requiere la aprobación del Consejo, y la Comisión no ha confirmado un plazo para su propia evaluación.
En la rueda de prensa de la Comisión, el portavoz de Economía, Balazs Ujvari, describió dos condiciones para el cierre del procedimiento este año. La primera se refiere al resultado efectivo de 2025, que debe ser inferior al umbral del 3%, independientemente de la cláusula derogatoria. La segunda se refiere a las previsiones para 2026 y 2027, que deben mostrar el mantenimiento del déficit por debajo de ese nivel; en esta evaluación de los años siguientes puede tenerse en cuenta la flexibilidad concedida mediante la cláusula.
Sin embargo, la Comisión no presentó la cifra del 3,1% como el resultado de una verificación ya concluida por Eurostat. Ujvari precisó que los Estados miembros transmiten dos veces al año los datos sobre el déficit y la deuda pública, siendo el próximo plazo el 1 de octubre. Eurostat verificará la información, y el ejecutivo europeo realizará su evaluación en el marco del paquete de otoño del semestre europeo. La cifra publicada por las autoridades italianas sigue siendo, desde la perspectiva de esta verificación europea, preliminar.
En Roma, el ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, reconoció que el Gobierno no logra la salida anticipada del procedimiento que esperaba para este año. En una declaración recogida por ANSA, señaló 2027 como posible momento del cierre, en línea con el documento italiano de finanzas públicas. Esta es la perspectiva expresada por el ministro, sin que represente una decisión de las instituciones europeas.
Italia ya tiene establecido un calendario para corregir el déficit. La recomendación adoptada por el Consejo de la UE en enero de 2025 exige eliminar la situación de déficit excesivo para 2026 y limita el crecimiento nominal del gasto neto al 1,3% en 2025 y al 1,6% en 2026. Este calendario se refiere al año en que debe corregirse el déficit, mientras que el cierre del procedimiento presupone la evaluación de los resultados presupuestarios y de la sostenibilidad de la corrección.
Paralelamente, Roma solicitó la activación de la cláusula derogatoria nacional, solicitud recibida por la Comisión el 11 de septiembre. Según ANSA, que citó fuentes gubernamentales, la iniciativa busca obtener un margen para inversiones en defensa y energía. El mecanismo permite a un Estado desviarse temporalmente de la trayectoria presupuestaria establecida por el Consejo en circunstancias excepcionales, ajenas a su control, con un impacto importante en las finanzas públicas. Sigue siendo condición que esta desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
Las orientaciones de la Comisión de agosto prevén ampliar la flexibilidad para la defensa a determinadas medidas de seguridad energética. Se contemplan intervenciones que reduzcan estructuralmente la dependencia de los combustibles fósiles, como las inversiones en redes eléctricas y el almacenamiento de energía limpia; quedan excluidas las reducciones de impuestos especiales sobre los combustibles fósiles y las subvenciones para estos. Para las medidas energéticas elegibles, el límite es del 0,3% del PIB anual y del 0,6% acumulado durante el período 2026–2028. Estos límites describen el marco de evaluación, sin constituir cantidades ya aprobadas para Italia.
La Comisión no ha confirmado que vaya a concluir el análisis de la solicitud italiana antes de la reunión de los ministros de Finanzas del 9 de octubre, fecha mencionada por una periodista en la rueda de prensa. Ujvari dijo que la evaluación no tiene un plazo previsto por la normativa y que la institución trabaja con la mayor rapidez posible. La activación requiere posteriormente la aprobación del Consejo, sobre la base de la evaluación y la recomendación de la Comisión; según el portavoz, el Consejo dispone de un mes para este paso.
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