Iratxe García pide gravar los beneficios extraordinarios de la energía para ayudar a los hogares a pagar sus facturas y gastos cotidianos
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La líder de los Socialistas y Demócratas propone que los ingresos procedentes de un impuesto sobre las empresas energéticas financien una ayuda social para la electricidad, la calefacción, los alimentos y los combustibles. La petición dirigida a la Comisión no especifica el importe de la ayuda ni los beneficiarios elegibles; en el precedente europeo, la contribución financió solo parcialmente las medidas nacionales de apoyo.
La presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez, pidió a Ursula von der Leyen que propusiera un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, con el que se financiara una ayuda social para los hogares. En el debate sobre el estado de la Unión celebrado en Estrasburgo, García pidió que la ayuda ayudara a las familias a pagar la electricidad y la calefacción, pero también los alimentos y los combustibles.
En resumen
1.García propone que una parte de las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas financie el apoyo a los hogares. Es una petición política dirigida a la Comisión, sin que esta intervención adopte un nuevo impuesto.
2.La ayuda solicitada va más allá del pago de las facturas de energía e incluye gastos cotidianos como los alimentos y los combustibles. El discurso no establece importes, umbrales de ingresos ni un procedimiento de concesión.
3.La UE utilizó una contribución temporal de solidaridad para los beneficios de 2022 y/o 2023 de algunos sectores fósiles. García se refiere más ampliamente a las empresas energéticas, sin definir los sectores ni la fórmula de cálculo del nuevo impuesto.
4.La experiencia del precedente europeo muestra tanto la posibilidad de recaudar ingresos para el apoyo como los límites de esta financiación. La petición actual no va acompañada de una estimación de los ingresos ni del coste de la ayuda.
En su intervención, García pide que las empresas que se benefician de las crisis energéticas contribuyan a proteger a las familias afectadas por el encarecimiento. Describe una ayuda para el presupuesto del hogar, sin limitarla a una reducción en la factura de electricidad. Sin embargo, la forma de pago y los criterios mediante los cuales se seleccionarían los hogares siguen sin especificarse.
El grupo reiteró la petición en un comunicado dedicado al apoyo social, presentándola como una respuesta al aumento del coste de vida. García defiende, paralelamente, la aceleración de las fuentes renovables y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Pide mantener el Pacto Verde Europeo y el objetivo de neutralidad climática para 2050, considerando la energía limpia, segura y asequible una condición de la competitividad.
La propuesta vuelve a poner sobre la mesa una solución utilizada en la crisis energética anterior. En el mecanismo acordado por los Estados miembros en 2022, la contribución de solidaridad se dirigía al petróleo, el gas natural, el carbón y el refinado. La contribución se aplicaba a la parte del beneficio imponible que superaba la media de referencia incrementada en un 20 %, además de los impuestos ordinarios. Los Estados podían utilizar medidas nacionales equivalentes, y los ingresos se destinaban al apoyo a hogares y empresas.
Los datos recopilados posteriormente muestran la dimensión y el límite de este precedente. En su informe de mayo de 2025, la Comisión registra ingresos de 26,15 mil millones de euros hasta el 30 de junio de 2024, correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, procedentes de la contribución y de las medidas equivalentes. La Comisión precisa que estos ingresos solo podían financiar parcialmente las medidas nacionales de apoyo. La cantidad es un resultado histórico, no una estimación para la iniciativa solicitada ahora.
El precedente no define automáticamente el futuro impuesto. García no precisa si este retomaría los sectores, el umbral de beneficios o la duración de la antigua contribución, ni si la ayuda sería administrada a nivel europeo o nacional. Asimismo, el discurso no establece cómo se calcularía la parte del beneficio considerada extraordinaria, una elección que determinaría qué empresas pagarían y sobre qué ganancias.
Para los hogares, el efecto dependería del importe de la ayuda, las condiciones de acceso y el momento del pago. A falta de estos elementos y de una estimación conjunta de los ingresos y los gastos, la intervención establece la fuente de financiación deseada y el destino social, sin ofrecer todavía un derecho a la ayuda ni un calendario de concesión.
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