Las elecciones parlamentarias anticipadas del 7 de junio en Kosovo se desarrollaron de forma tranquila, ordenada y profesional, sin incidentes importantes, pero la campaña estuvo marcada por el uso de recursos administrativos en condiciones consideradas por los observadores favorables al partido en el Gobierno, por una fuerte caída de la participación y por la proliferación de contenido político generado o manipulado mediante inteligencia artificial. Estas conclusiones figuran en el informe de observación electoral presentado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por el relator Iulian Bulai.
En resumen, la APCE afirma que la administración electoral gestionó eficazmente los comicios, los mecanismos de resolución de impugnaciones funcionaron y los votantes pudieron ejercer libremente su derecho al voto. Sin embargo, el informe constata un terreno de competencia desigual, después de que el Gobierno interino anunciara antes de las elecciones pagos financieros para determinadas categorías de ciudadanos y subvenciones para las rutas aéreas utilizadas por la diáspora. La participación cayó al 37,03%, frente a aproximadamente el 45% en las elecciones de diciembre de 2025 y el 46,44% en febrero de 2025. La supervisión citada por la APCE identificó 56 incidentes en línea durante los primeros cinco días de campaña, 35 de ellos relacionados con discursos de odio, y casi la mitad dirigidos contra mujeres de la política. El informe pide normas contra el uso de recursos públicos con fines electorales, mayor transparencia en la financiación de las campañas y una mejor capacidad institucional para responder a los deepfakes y a la desinformación generada mediante IA.
El informe de la APCE describe la jornada electoral como bien organizada. Los equipos de observadores constataron que los centros visitados funcionaron en general de manera profesional, en un ambiente tranquilo, y que la Comisión Electoral Central y el personal electoral gestionaron el proceso sin problemas importantes. Los mecanismos de impugnación electoral también reciben una valoración favorable; el informe observa una disminución del número de denuncias y su resolución dentro de los plazos previstos por la ley.
Esta valoración positiva de la administración técnica está acompañada, sin embargo, de una lista de problemas estructurales. Uno de los más importantes se refiere a las condiciones de competencia entre los partidos. El informe señala que el Gobierno interino adoptó, cerca de los comicios, decisiones sobre pagos financieros únicos a distintas categorías de ciudadanos y sobre la subvención de determinadas rutas aéreas destinadas a la diáspora.
La APCE informa de que varios interlocutores de la delegación consideraron estas medidas un uso de recursos administrativos que difumina la frontera entre la política pública y el interés electoral. El informe no cuestiona que tales decisiones puedan estar justificadas por el interés público, pero afirma que el momento en que se adoptan puede crear una ventaja para quienes están en el poder y afectar a la percepción de la equidad de la competencia.
Sobre esta base, los observadores recomiendan introducir normas explícitas que prohíban utilizar fondos públicos, comunicaciones gubernamentales y decisiones sobre prestaciones públicas con fines partidistas durante los periodos electorales. El informe también pide una supervisión independiente y sanciones efectivas en los casos en que los recursos administrativos se utilicen con ventaja electoral.
La campaña se describe como competitiva y, en general, tranquila, pero carente de debates políticos sustanciales. Los mensajes se centraron principalmente en salarios, pensiones, ayudas sociales, infraestructuras y energía, sin suficientes detalles sobre los costes y la financiación de las medidas. La APCE también observa la ausencia de debates directos entre los candidatos al cargo de primer ministro, considerando que esto redujo la posibilidad de que los votantes compararan las alternativas políticas.
Otro problema es la financiación de las campañas. La organización Democracy in Action, citada en el informe, identificó gastos de más de 100.000 EUR en publicidad política en las plataformas de Meta solo durante la última semana de campaña. La APCE considera que deben reforzarse las normas sobre la transparencia de la financiación de los partidos, los gastos electorales y las declaraciones patrimoniales de los candidatos.
El informe dedica un espacio importante a la campaña digital. Los observadores afirman que la inteligencia artificial se utilizó cada vez más para producir materiales de desinformación política, incluidas imágenes generadas artificialmente, vídeos manipulados y afirmaciones inventadas sobre candidatos de varios partidos.
La supervisión de Democracy in Action identificó 56 incidentes en línea durante los primeros cinco días de campaña. De ellos, 35 fueron clasificados como discursos de odio, y casi la mitad afectaron a mujeres de la política. El informe señala las imágenes manipuladas, los deepfakes, el chantaje y el lenguaje sexista entre las formas de violencia digital observadas contra mujeres implicadas en la vida pública.
La APCE subraya que el problema no se limita a un solo partido. Los materiales manipulados y las afirmaciones falsas afectaron a candidatos de las principales formaciones políticas, y el informe considera que la capacidad institucional de respuesta sigue estando insuficientemente desarrollada. Se anima a las autoridades electorales, los organismos reguladores de los medios de comunicación, las plataformas digitales y las organizaciones de la sociedad civil a cooperar de forma más sistemática para identificar y gestionar estas amenazas.
El informe recomienda adoptar modificaciones de la legislación penal que cubran explícitamente formas de violencia cibernética como el acoso en línea, la incitación al odio y la distribución no consentida de imágenes íntimas, incluido el contenido producido mediante inteligencia artificial. En 2024 se propusieron enmiendas en esta dirección, pero no fueron adoptadas.
La participación de las mujeres sigue siendo otro problema. De los 917 candidatos certificados para los comicios, 314, es decir, el 34%, eran mujeres. La proporción supera ligeramente el umbral mínimo del 30% previsto para las listas electorales, pero la presencia de mujeres en los debates televisados fue mucho menor, en torno al 20%.
La APCE también señala la diferencia entre la ley de igualdad de género, que prevé una representación de al menos el 50%, y la ley electoral, que establece una cuota mínima del 30% en las listas. El asunto fue remitido al Tribunal Constitucional y no se había resuelto en el momento de elaborar el informe.
La accesibilidad de los comicios también sigue siendo incompleta. Aproximadamente el 19% de los centros de votación no ofrecía condiciones adecuadas para las personas con discapacidades físicas. La introducción, por primera vez, del voto a domicilio para las personas de al menos 80 años se valora positivamente, pero la APCE pide una solución más sistemática para garantizar el acceso físico a los centros de votación.
La participación general fue del 37,03%, significativamente inferior a los niveles registrados en las recientes elecciones parlamentarias. La APCE relaciona el descenso también con el hecho de que los votantes fueron llamados a las urnas tres veces en un periodo de aproximadamente 16 meses y advierte de un cansancio electoral y de una disminución de la confianza en la capacidad de los partidos para crear instituciones funcionales.
Los resultados certificados mantuvieron a Vetëvendosje como la mayor formación de la Asamblea, con 53 de los 120 escaños. El PDK obtuvo 22, el LDK 18 y el AAK siete; el resto de los escaños correspondió a las formaciones que representan a las distintas comunidades.
Sin embargo, el informe no se limita al resultado de los comicios. La APCE considera que la cuestión de fondo es transformar el resultado electoral en instituciones funcionales y advierte de que repetir las elecciones no resuelve automáticamente los bloqueos políticos si los partidos no alcanzan compromisos sobre la formación y el funcionamiento de las instituciones.
El documento fue elaborado por la comisión ad hoc de la Mesa de la APCE bajo la responsabilidad del relator Iulian Bulai, parlamentario rumano del grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. La delegación observó los comicios del 7 de junio en Pristina y otras 17 localidades, y el informe final fue presentado durante la sesión de la APCE celebrada a finales de septiembre.
De conformidad con la práctica del Consejo de Europa, todas las referencias de la APCE a Kosovo se realizan respetando la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU y sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto de Kosovo.
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