El final del orden confortable. El momento en que Europa podría dejar de creer en el mercado libre

Dentro de unos días, en una mañana de febrero en la que los líderes europeos llegarán a una zona rural de Bélgica donde el camino se estrecha, la señal del teléfono se debilita y el paisaje se vuelve deliberadamente silencioso. Al final del camino aparece el Castillo de Alden Biesen, un complejo masivo de piedra, rodeado de agua y jardines geométricos, una antigua sede de los Caballeros Teutónicos, transformada en uno de los lugares de negociación más discretos y bien asegurados de Europa. Aquí, lejos de los edificios de cristal de Bruselas, la Unión Europea discute el futuro de su industria. La elección del lugar no es casual. Las gruesas paredes y las torres de pizarra del castillo cuentan una antigua historia de poder, control y comercio. Durante siglos, desde este punto se han administrado territorios, rutas económicas y alianzas políticas. Hoy, en un mundo diferente, pero no menos conflictivo, los líderes europeos se retiran en el mismo escenario para decidir si la economía de la Unión continuará funcionando según las reglas del mercado global o si, al final, levantará sus propias fortificaciones.

Muestra la información de la imagen Leyenda imagen El Presidente del Consejo Europeo, António Costa, presidirá la reunión informal de los líderes de la UE el 12 de febrero de 2026, dedicada a fortalecer el mercado interno y aumentar la competitividad de la Unión Europea en un contexto económico global tenso. Derechos de autor Unión Europea El Presidente del Consejo Europeo, António Costa, presidirá la reunión informal de los líderes de la UE el 12 de febrero de 2026, dedicada a fortalecer el mercado interno y aumentar la competitividad de la Unión Europea en un contexto económico global tenso.

El tema oficial de la reunión es la competitividad europea. El verdadero tema es la supervivencia industrial. En la mesa se encuentran no solo jefes de estado y de gobierno, sino también dos de las figuras que han marcado el debate económico de la última década, Mario Draghi y Enrico Letta, convocados para ofrecer un diagnóstico a una Europa atrapada entre las subvenciones estadounidenses y la dominación industrial de China. Su presencia indica la extraordinaria gravedad del momento. En la total tranquilidad de la Bélgica rural, los presentes no realizarán un ejercicio de retórica política, sino una evaluación de crisis, lejos del ruido de las redes que pronostican día a día el fin de Europa.

En el centro de estas discusiones se encuentra la Ley de Aceleración Industrial (IAA), la expresión de un cambio de paradigma para los decisores europeos. Después de un período en el que la influencia de la UE provino principalmente de su capacidad para establecer reglas y estándares, la ley parte de una constatación incómoda: en una economía global en la que las subvenciones y el poder industrial cuentan más que la conformidad, la simple autoridad normativa ya no protege la base manufacturera de Europa. La IAA es, en este sentido, una prueba de los límites que la Unión se impone a sí misma. Bajo un lenguaje técnico sobre sostenibilidad y cadenas de suministro, la ley plantea una elección estratégica: ¿cuánta apertura puede mantener Europa sin externalizar definitivamente su industria y cuánta intervención puede introducir sin socavar su propio modelo jurídico y comercial? Del resultado de este equilibrio depende si la UE sigue siendo un actor industrial relevante o acepta una retirada administrada de la competencia global.

Cómo quiere Europa cambiar de dirección

Durante varias décadas, la Unión Europea ha construido su influencia global no a través de la fuerza económica directa, sino a través de su capacidad para regular los mercados. Bruselas ha establecido estándares, definido reglas de competencia e impuesto marcos jurídicos que han modelado el comportamiento de los actores económicos dentro y fuera de la Unión. La asignación de capital, la localización de la producción y la organización de las cadenas de valor han quedado en gran medida a merced del mercado global, y la intervención pública ha permanecido excepcional, justificada principalmente por la protección del consumidor, la corrección de fallos de mercado o los objetivos medioambientales.

La aparición de la IAA marca la ruptura con este modelo. La Unión ya no se limita a establecer las reglas del juego, sino que intenta influir directamente en el resultado de este, orientando las inversiones, la demanda pública y la estructura industrial. A diferencia del Pacto Verde, que se centró principalmente en la reducción de emisiones, o de la Ley de Industria Cero Neto, centrada en acelerar tecnologías limpias específicas, la IAA combina herramientas normativas y económicas para intervenir explícitamente en la localización de la producción y las cadenas de valor. Este cambio transforma la política industrial europea de un ejercicio técnico en una herramienta estratégica con implicaciones económicas y geopolíticas directas.

La diferencia esencial es que la IAA toma forma en un contexto de inseguridad geopolítica explícita. La política industrial ya no está separada de la seguridad energética, de las vulnerabilidades de las cadenas de suministro o de las dependencias de actores externos dominantes. Las lecciones de las crisis recientes están integradas directamente en la arquitectura de la ley, que parte de la idea de que las interdependencias económicas pueden convertirse rápidamente en instrumentos de presión política. Por esta razón, la IAA se asemeja más a una estrategia de seguridad económica que a una política industrial clásica. Su objetivo no es solo aumentar la competitividad o reducir las emisiones, sino limitar los riesgos sistémicos asociados a la pérdida de control industrial. Sin adoptar un lenguaje de confrontación, la Unión intenta recuperar la capacidad de decidir en qué áreas puede depender del exterior y dónde la autonomía se convierte en una condición de estabilidad económica y política.

Cómo llegamos a esta situación

El giro político que hizo posible la IAA surgió de una sucesión de choques externos que han erosionado rápidamente el consenso europeo construido en torno al mercado abierto y la competencia basada en reglas. El más visible de estos fue la adopción en Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), un paquete masivo de subvenciones vinculadas explícitamente a la producción en territorio estadounidense. Por primera vez, Washington transformó la política industrial en un instrumento directo para atraer inversiones europeas, poniendo en entredicho la idea de que las alianzas políticas garantizan un terreno de juego equitativo.

En paralelo, el modelo chino de capitalismo estatal continuó expandiéndose, combinando subvenciones, control sobre recursos y capacidades industriales a gran escala. Las empresas europeas se enfrentaron así a una competencia que ya no podía explicarse por diferencias de productividad o innovación, sino por ventajas estructurales ofrecidas por el estado. En este contexto, se hizo evidente que el “Efecto Bruselas”, la capacidad de la UE de exportar sus estándares a través de la fuerza de su mercado interno, ya no funciona frente a las subvenciones brutales y las políticas industriales agresivas. Las reglas ya no son suficientes para proteger la base industrial europea.

Muestra la información de la imagen Leyenda imagen La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra ante un momento clave de su segundo mandato, en el que el debate sobre la competitividad, la política industrial y la autonomía estratégica de la UE adquiere una apuesta económica y geopolítica directa. Autor Dati Bendo Derechos de autor Unión Europea, 2025 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra ante un momento clave de su segundo mandato, en el que el debate sobre la competitividad, la política industrial y la autonomía estratégica de la UE adquiere una apuesta económica y geopolítica directa.

El cambio de contexto fuerza una rápida transición semántica y política a nivel de las instituciones europeas. Inicialmente, la respuesta de la UE se formuló en los términos familiares de la transición verde, a través de un Acuerdo Industrial Limpio que vinculaba la competitividad a la descarbonización. Sin embargo, gradualmente, el énfasis se ha desplazado de los objetivos climáticos como fin principal a la industria como prioridad política en sí misma. El clima ha permanecido como un marco de referencia, pero ya no es suficiente para justificar intervenciones económicas de gran envergadura en un contexto de competencia global dura. La reindustrialización se ha convertido en un tema de política pública con relevancia electoral y social. En numerosos estados miembros, el declive industrial se asocia con la pérdida de empleos bien remunerados, con inseguridad económica y con polarización política. La presión para ofrecer una respuesta creíble a estas preocupaciones ha transformado la política industrial de un tema técnico en un pilar de la estabilidad social.

Proteccionismo refinado o prohibiciones explícitas

El objeto de la disputa que vendrá es la cláusula Hecho en Europa insertada en la IAA. Esta no representa un regreso explícito a políticas del tipo Comprar Europeo. El texto no introduce una obligación formal de exclusión de productos de fuera de la Unión y no establece criterios de elegibilidad basados directamente en la procedencia geográfica de los bienes o de las empresas. Un enfoque así habría entrado rápidamente en conflicto con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y con los compromisos de la UE en el ámbito de las adquisiciones públicas. Además, la cláusula no funciona como una barrera arancelaria clásica. No implica aranceles, contingentes o prohibiciones explícitas a la importación. Desde un punto de vista formal, el acceso al mercado europeo permanece abierto, y la competencia se mantiene a nivel declarativo. Precisamente esta ausencia de instrumentos comerciales tradicionales hace que el mecanismo sea más difícil de identificar y, al mismo tiempo, más complicado de impugnar directamente.

En esencia, Hecho en Europa introduce una preferencia funcional, construida a través de un conjunto de criterios técnicos y económicos que favorecen la producción realizada dentro de la Unión. Un primer elemento es la huella de carbono, evaluada a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. En la práctica, este criterio favorece a los productores que operan en un mix energético más limpio y penaliza a los bienes fabricados en sistemas industriales con altas emisiones o transportados a largas distancias. El segundo pilar es la resiliencia de la cadena de suministro. Las empresas son evaluadas en función del grado de dependencia de proveedores de fuera de la UE y de la capacidad de asegurar la continuidad de la producción en situaciones de crisis. Paralelamente, las adquisiciones públicas se reestructuran mediante la introducción de criterios no-precio, como la seguridad de suministro, la trazabilidad y la contribución a los objetivos estratégicos de la Unión. La combinación de estas herramientas permite la exclusión práctica de algunos proveedores externos dominantes, especialmente de China, sin hacer referencia explícita a la procedencia o nacionalidad.

Esta construcción técnica genera, sin embargo, temores en varios niveles. Desde un punto de vista jurídico, existe el riesgo de que el mecanismo sea impugnado en el marco de la OMC como una forma de discriminación indirecta, encubierta bajo estándares medioambientales o de seguridad económica. Incluso si el texto está formulado con cuidado, el precedente de litigios comerciales no puede ser excluido. A nivel comercial, los estados socios podrían interpretar Hecho en Europa como una señal proteccionista y podrían responder con medidas de represalia, afectando a sectores europeos fuertemente orientados a la exportación. En el plano político interno, la cláusula acentúa las divisiones entre los estados miembros. Los países con grandes bases industriales y alta capacidad presupuestaria son percibidos como potenciales beneficiarios principales, mientras que otros temen la fragmentación del mercado interno y un curso de subvenciones.

El eje París-Berlín, la ruptura estructural dentro de la UE. ¿Quién lucha con quién dentro de la UE?

Para Francia, la IAA se inscribe en una tradición política bien definida, en la que el estado juega un papel activo en la orientación de la economía. El dirigismo económico francés parte de la premisa de que el mercado, dejado a su suerte, no produce resultados óptimos en los sectores estratégicos y que la intervención pública es legítima para proteger capacidades industriales consideradas esenciales. En este marco, la IAA es percibida como una herramienta mediante la cual esta filosofía puede ser extendida a nivel europeo.

El concepto de “campeones europeos” es central en la visión de París. Francia apoya la idea de concentrar recursos públicos y demanda institucional en torno a actores industriales capaces de competir a escala global con grupos estadounidenses y asiáticos. La energía nuclear juega un papel clave en este enfoque. Al incluirla implícita o explícitamente en los criterios de sostenibilidad, Francia transforma una ventaja nacional en un activo competitivo europeo, sin formularlo directamente como una preferencia política, sino como una consecuencia técnica del mix energético con bajas emisiones.

Muestra la información de la imagen Leyenda imagen La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un momento que ilustra la apuesta política del nuevo equilibrio europeo entre el mercado interno, la política industrial y la competitividad de la UE en un contexto geoeconómico tenso. Autor Xavier Lejeune Derechos de autor Unión Europea, 2025 La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un momento que ilustra la apuesta política del nuevo equilibrio europeo entre el mercado interno, la política industrial y la competitividad de la UE en un contexto geoeconómico tenso.

La posición de Alemania es fundamentalmente diferente, moldeada por su estatus de economía fuertemente orientada a la exportación. La industria alemana depende en gran medida del acceso libre a los mercados externos, y cualquier señal de proteccionismo por parte de la Unión es percibida como un riesgo directo para este modelo. Desde esta perspectiva, la IAA plantea problemas que van más allá del debate industrial e ingresan en el ámbito de la política comercial global.

La vulnerabilidad es especialmente pronunciada en sectores como la industria automotriz y la de máquinas-herramienta, donde Alemania está expuesta tanto al mercado chino como al estadounidense. Una posible reacción de represalia podría afectar precisamente a aquellas ramas que sustentan la competitividad y el empleo. Además, Berlín teme un colapso acelerado del sistema multilateral de comercio. Para una economía del tamaño de Alemania, las reglas de la OMC representan un mecanismo de protección contra la competencia brutal entre las grandes potencias, y socavarlas se ve como un riesgo estratégico a largo plazo.

Italia ocupa una posición intermedia. Aunque reconoce la necesidad de una política industrial europea más firme, Roma adopta una actitud cautelosa, tratando de evitar un enfrentamiento abierto con sus socios comerciales y mantener la flexibilidad para sus sectores orientados a la exportación. Italia tiende así a apoyar una aplicación selectiva de la preferencia europea, limitada a áreas consideradas estrictamente estratégicas.

En contraste, los estados nórdicos y otras economías pequeñas, reunidas informalmente en el llamado “Grupo de los 9”, ven la IAA con desconfianza. Estos países temen que la introducción de mecanismos del tipo Hecho en Europa signifique una orientación proteccionista que pueda socavar el comercio libre y aumentar los costos para consumidores e industria. La diferencia en capacidad presupuestaria acentúa estos temores. Los estados con grandes presupuestos pueden sostener más fácilmente las industrias locales a través de ayudas estatales e inversiones públicas, mientras que las economías más pequeñas corren el riesgo de ser marginadas.

Vulnerabilidad jurídica y capacidad de respetar reglas que nadie respeta

La IAA está construida deliberadamente en el límite del derecho comercial internacional. El principio de no discriminación, piedra angular del sistema de la OMC, prohíbe el trato menos favorable de los productos importados frente a los nacionales. Cualquier mecanismo que produzca, ya sea directa o indirectamente, una preferencia sistemática por la producción europea corre el riesgo de ser interpretado como una violación de este principio, incluso si el texto no hace referencia explícita a la procedencia.

Además, la Unión Europea es parte del Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA), que obliga a un acceso igual para proveedores de los países firmantes en los procedimientos de adquisiciones públicas. La ampliación de criterios no-precio y la condicionamiento de las subvenciones a elementos relacionados con la producción local pueden entrar en tensión directa con estos compromisos. El resultado es un riesgo real de litigios internacionales, no solo simbólicos, que podrían poner a prueba por primera vez la coherencia entre las ambiciones industriales de la UE y sus propias obligaciones jurídicas globales.

Esta vulnerabilidad jurídica toca un problema más profundo, relacionado con la identidad de la Unión Europea. Durante décadas, la UE se ha definido como guardiana del orden comercial multilateral, un actor que respeta y promueve las reglas incluso cuando estas implican costos económicos. Esta posicionamiento le ha otorgado credibilidad internacional e influencia normativa. El paradoja actual es que la UE se enfrenta a un mundo en el que sus principales socios económicos aplican las reglas de manera selectiva o las eluden a través de políticas industriales agresivas. La dilema es existencial. ¿Cómo puedes defender un sistema global de normas respetándolo tú mismo, en un contexto en el que otros actores lo socavan?

La respuesta de la UE no es el abandono abierto de las reglas, sino su adaptación a través de una forma de proteccionismo disfrazado. En lugar de barreras explícitas, la IAA se basa en estándares ultra-específicos, difíciles de cumplir para los productores de fuera de la Unión, pero presentados como necesarios para objetivos legítimos de medio ambiente y seguridad económica. El pasaporte digital del producto se convierte en una herramienta central en esta estrategia, permitiendo la monitorización detallada de la procedencia de los materiales, de la huella de carbono y de las cadenas de suministro.

Estas llamadas “barreras verdes” funcionan como un nuevo instrumento geopolítico. Permiten a la Unión filtrar el acceso a su mercado sin recurrir a medidas comerciales clásicas, difíciles de defender jurídicamente. Al mismo tiempo, este enfoque desplaza la confrontación del ámbito de los aranceles al de los estándares y procedimientos técnicos, donde la disputa es menos visible, pero no menos intensa. La IAA se convierte así en la prueba suprema de la capacidad de la UE para reescribir las reglas del juego sin violarlas oficialmente.

El impacto económico real. ¿Quién gana y quién paga?

Los principales beneficiarios directos de la IAA son los sectores básicos de la industria europea y las tecnologías asociadas a la transición energética. El acero, el cemento, las baterías y el hidrógeno están en el centro de la arquitectura de la IAA, ya que se consideran tanto esenciales para la descarbonización como vulnerables a la competencia externa. A través de criterios relacionados con la huella de carbono, acceso prioritario a adquisiciones públicas y mecanismos de apoyo a la inversión, los productores internos obtienen una clara ventaja competitiva sobre los proveedores de fuera de la Unión.

Para estos sectores, la IAA reduce la incertidumbre de inversión y ofrece una señal de demanda a medio y largo plazo. Los mayores costos de producción con bajas emisiones de carbono son parcialmente compensados por la intervención pública, lo que hace viables proyectos que, en condiciones de mercado puras, serían difíciles de sostener. Desde esta perspectiva, la ley funciona como un mecanismo de protección y relanzamiento de una industria pesada que ha estado bajo presión estructural durante años.

Muestra la información de la imagen Leyenda imagen El Comisario europeo Stéphane Séjourné, responsable de industria y mercado interno, se encuentra en el centro de la preparación de la nueva agenda europea de competitividad, que marca el paso de un modelo basado en reglas a uno centrado en la capacidad industrial y la seguridad económica. Autor Lukasz Kobus Derechos de autor Unión Europea, 2025 El Comisario europeo Stéphane Séjourné, responsable de industria y mercado interno, se encuentra en el centro de la preparación de la nueva agenda europea de competitividad, que marca el paso de un modelo basado en reglas a uno centrado en la capacidad industrial y la seguridad económica.

Sin embargo, los efectos se invierten a medida que el análisis desciende por la cadena de valor. Las industrias de abajo, como el sector automotriz, la construcción y la producción de bienes de consumo, están expuestas directamente al aumento de los costos de insumos industriales. La obligación de utilizar materiales con bajas emisiones de carbono o productos en cadenas de suministro consideradas “resilientes” limita las opciones de adquisición y reduce la presión competitiva sobre los precios.

En estos sectores, los márgenes ya son sensibles a las variaciones de costo, y la capacidad de trasladar completamente los aumentos a los clientes está limitada por la competencia global. El resultado es una compresión de la rentabilidad y un riesgo de pérdida de competitividad en los mercados externos. La IAA intenta mitigar este efecto mediante medidas de apoyo también para los usuarios industriales de abajo, pero la tensión entre proteger la producción básica y la competitividad de los productos finales sigue siendo uno de los problemas económicos más delicados de la ley.

Para el consumidor europeo, el impacto es menos visible, pero no menos real. El aumento de los costos industriales se traduce gradualmente en una forma de inflación encubierta, reflejada en precios más altos para viviendas, automóviles o bienes de consumo. A diferencia de los choques inflacionarios clásicos, esta presión es estructural y está relacionada con el cambio de las reglas de funcionamiento de la economía. La IAA implica así un trade-off explícito entre precio y seguridad. La autonomía estratégica tiene un costo, y una parte significativa de este se transfiere a los consumidores, ya sea directamente a través de precios o indirectamente a través del uso de fondos públicos. La apuesta política es si este costo será percibido como un precio aceptable por la estabilidad económica e industrial o como una carga adicional en un contexto ya marcado por presiones sobre el poder adquisitivo.

Las ventajas de la periferia europea

Para Europa Central y del Este, la Ley de Aceleración Industrial abre una rara ventana de oportunidad. La presión para relocalizar la producción más cerca del mercado único, combinada con los criterios de Hecho en Europa, favorece a los estados que pueden ofrecer costos de producción competitivos, mano de obra calificada y acceso pleno al mercado interno. Países como Rumanía, Polonia o Hungría son a menudo mencionados como posibles centros para industrias de abajo o para segmentos de cadenas de valor reubicados desde Asia. La ventaja de estas economías radica en su posición intermedia: están lo suficientemente integradas para beneficiarse de las reglas del mercado único, pero aún son más competitivas en términos de costos que Europa Occidental. La IAA puede acelerar esta tendencia al orientar las inversiones públicas y privadas hacia regiones capaces de albergar nuevas capacidades industriales, contribuyendo así a la reindustrialización y a la reducción de las disparidades económicas internas de la Unión.

Sin embargo, esta misma dinámica genera un riesgo estructural de fragmentación. La implementación de la IAA se basa en gran medida en la capacidad de los estados miembros para movilizar recursos financieros nacionales, especialmente en forma de ayudas estatales y cofinanciación de proyectos industriales. Esta realidad favorece a las economías con grandes presupuestos públicos y mayor espacio fiscal, en detrimento de los estados con recursos limitados. En ausencia de mecanismos sólidos de solidaridad europea, existe el peligro de que surja una Europa industrial “a dos velocidades”. Las regiones capaces de financiar la transición industrial podrían atraer inversiones importantes, mientras que otras corren el riesgo de quedarse como simples zonas de producción con bajo valor añadido o de ser completamente excluidas de las nuevas cadenas de suministro. Así, para Europa del Este, la IAA es simultáneamente una oportunidad para acelerar el desarrollo y una posible trampa, si la redistribución de beneficios no se gestiona a nivel europeo.

El escenario de éxito

En un escenario favorable, la IAA logra desencadenar una reindustrialización real, no solo una redistribución marginal de la producción existente. Las inversiones públicas y privadas se alinean, las capacidades industriales europeas se expanden y las cadenas de valor críticas se reconstruyen dentro del mercado único. Las dependencias externas en sectores sensibles, desde materias primas procesadas hasta tecnologías verdes, se reducen gradualmente, sin bloquear completamente el comercio internacional. Un resultado así consolidaría a la Unión Europea como un polo económico soberano, capaz de negociar desde posiciones más equilibradas con Estados Unidos y China. La autonomía estratégica no significaría autarquía, sino la capacidad de elegir cuándo y cómo depender de los mercados externos. En este escenario, los costos a corto plazo de la IAA serían compensados por una estabilidad económica y una base industrial más resiliente a largo plazo.

Sin embargo, el escenario negativo es igualmente plausible. Si los mecanismos de preferencia europea desencadenan reacciones de represalia, la Unión podría enfrentarse a guerras comerciales que golpeen precisamente a sus sectores más competitivos en exportaciones. Al mismo tiempo, el aumento de los costos industriales podría trasladarse a los consumidores sin que las inversiones produzcan una revitalización real de la industria. En este caso, Europa arriesgaría combinar las desventajas de ambos modelos: precios más altos y competitividad reducida, sin los beneficios de una auténtica autonomía estratégica. El aislamiento estratégico, incluso si es parcial, debilitaría la posición de la UE en una economía global fragmentada, transformando la IAA de un instrumento de protección en una fuente adicional de vulnerabilidad.

La reunión en el Castillo de Alden Biesen representa una prueba decisiva para el segundo mandato de Ursula von der Leyen y para la dirección estratégica de la Unión Europea. A través de la IAA, Europa ha elegido arriesgarse, asumiendo costos económicos y tensiones jurídicas para proteger su base industrial en un mundo cada vez más conflictivo. La apuesta final va más allá de la política industrial. La pregunta que queda abierta es si la Unión Europea puede ser simultáneamente una potencia industrial capaz de defender sus intereses económicos y un defensor creíble de las reglas globales sobre las que se ha construido el orden comercial de posguerra. Si estas dos identidades pueden coexistir o si una tendrá que ser sacrificada es la decisión que definirá el papel de Europa en la economía mundial en las próximas décadas.

El largo camino del deseo hacia la realidad

Sigue una sucesión de filtros políticos, jurídicos e institucionales en los que cada etapa puede cambiar la sustancia final de la ley. Todo comienza antes del 25 de febrero, en una fase que los funcionarios de Bruselas ya describen como “la batalla de los abogados”. Dentro de la Comisión Europea, el equipo del comisario Stéphane Séjourné está afinando el texto tratando de equilibrar la eficiencia industrial y la resistencia jurídica frente a las reglas de la OMC. El Servicio Jurídico de la Comisión debe verificar cada formulación, cada criterio de sostenibilidad, precisamente para evitar una preferencia europea demasiado visible. Sobre este proceso técnico se superpondrá el momento político del 12 de febrero, cuando, en el Castillo de Alden Biesen, los líderes de la UE deben dar la “bendición” política sin la cual el acto podría quedar bloqueado incluso antes de su publicación. El acuerdo entre París y Berlín es, en este punto, la condición de existencia de la IAA.

El procedimiento legislativo ordinario se abre con la publicación oficial del 25, cuando todo entra en la fase más impredecible. El texto entra simultáneamente en el Parlamento Europeo y en el Consejo, donde comienza la verdadera negociación de fondo. En el Parlamento, las comisiones de industria (ITRE) y medio ambiente (ENVI) desmenuzarán el acto en partes, y las definiciones técnicas se convertirán en armas políticas. ¿Qué es una “tecnología estratégica”, qué fuentes de energía son aceptables, hasta dónde puede llegar la preferencia europea? En el Consejo, los ministros europeos juegan un juego más directo, con los estados nórdicos y las economías pequeñas tratando de diluir los elementos proteccionistas, mientras que Francia presionará por reglas más firmes. Este período, desde la primavera hasta el otoño de 2026, estará dominado por un intenso lobby industrial y enmiendas que pueden cambiar el equilibrio inicial del acto.

El momento decisivo llega en los trílogos, las negociaciones a puerta cerrada entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Aquí, más allá de los discursos, se establecen las cifras reales del futuro europeo. Umbrales de contenido local, plazos para autorizaciones, márgenes de flexibilidad para los estados miembros. Después de la votación final y la publicación en el Diario Oficial, la IAA se convertirá en ley aplicable directamente en todos los estados miembros, sin necesidad de transposición nacional. Y solo a partir de 2027 comenzará la prueba en el terreno con las primeras licitaciones públicas con criterios de resiliencia, las primeras fábricas que se beneficiarán de procedimientos acelerados y, posiblemente, los primeros litigios comerciales a través de los cuales los socios externos impugnarán este nuevo modelo europeo.