USR presentará proyectos de ley para la disolución de seis instituciones públicas consideradas innecesarias, en el contexto de la reducción de los gastos presupuestarios.

USR ha anunciado la intención de presentar proyectos de ley para la disolución de seis instituciones públicas que considera "sin utilidad demostrable, creadas y alimentadas con el dinero de los ciudadanos solo para asegurar sinecuras a los allegados de los antiguos partidos".

El senador Cristian Ghinea ha declarado que esta decisión viene tras las discusiones sobre el presupuesto del estado para 2026 y las promesas de la coalición de gobierno de reducir los gastos públicos.

Las instituciones afectadas incluyen:

1.Academia de los Hombres de Ciencia: "Pseudo-academia, cuenta con 199 miembros (con indemnizaciones mensuales entre 837 y 1.675 lei) y 67 empleados. Los miembros incluyen numerosos ex políticos, dignatarios, personas condenadas penalmente o asociadas con estructuras represivas del antiguo régimen comunista, lo que compromete cualquier pretensión de excelencia académica. Los aproximadamente 12 millones de lei que se ahorrarían con la disolución de la AOSR pueden ser dirigidos a programas de investigación con impacto demostrable".

2.Academia de Ciencias Médicas: "Pseudo-academia bajo la subordinación del Ministerio de Salud, con 160 miembros titulares (en contraste flagrante con los 8 puestos que tiene la sección de ciencias médicas de la Academia Rumana). Los miembros titulares reciben de por vida una indemnización mensual igual al salario medio de la economía, aunque la ASM no ha tenido posiciones públicas relevantes desde 2012 y no ha jugado ningún papel visible durante la pandemia de COVID-19, una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente. Ahorro previsto: más de 3,5 millones de lei anuales".

3.Academia de Ciencias Técnicas: "Autodefinida como "academia", la institución no produce investigación, no desarrolla proyectos relevantes y no tiene impacto en la industria o la enseñanza técnica, teniendo exclusivamente el objetivo de pagar indemnizaciones a sus 95 miembros (55 miembros titulares, 40 miembros correspondientes). La prueba está en que el 99,25% del presupuesto anual de la ASTR (de aproximadamente 4 millones de lei) se utiliza para las indemnizaciones de los miembros, salarios y gastos de funcionamiento".

4.Instituto de Estudios Avanzados para la Cultura y Civilización del Levante: "Otra estructura con pretensiones académicas globales, sin resultados, que funciona casi exclusivamente de las subvenciones recibidas del presupuesto estatal. En 2025, tuvo un presupuesto de 3,36 millones de lei, de los cuales 2,7 millones de lei se gastaron en salarios y 0,5 millones de lei en bienes y servicios. 0 lei para publicaciones".

5.Instituto Rumano para los Derechos Humanos: "Un instituto fantasma, sin impacto real en el ámbito de los derechos humanos, pero con financiación constante de fondos públicos. El IRDO es dirigido por un consejo de administración formado por 7 miembros, un director y un director adjunto, para un aparato de aproximadamente 22 empleados, de los cuales 7 son personal administrativo. En más de 30 años de existencia, el IRDO ha tenido solo dos directores, sin límite de mandato, sin criterios de rendimiento y sin obligaciones reales de transparencia. En 2025, tuvo un presupuesto de 1,5 millones de lei, de los cuales aproximadamente 1 millón de lei fue para salarios, el resto para gastos corrientes".

6.Instituto de la Revolución Rumana de Diciembre de 1989:  "Otro pseudo-instituto, sin contribución real al conocimiento histórico. Desde su creación, en 2004, el IRRD ha sido organizado como una estructura política, no como un instituto de investigación: los primeros 25 miembros del Colegio Nacional fueron nombrados directamente por Ion Iliescu, teniendo estatus de por vida. El mismo Ion Iliescu fue también el primer presidente del instituto, cargo que ocupó hasta 2021. El IRDD tiene casi 40 empleados, y en 2025 tuvo un presupuesto de 2,3 millones de lei".

Cada una de estas instituciones es criticada por su falta de impacto y eficiencia, y su disolución podría ahorrar millones de lei anuales, dinero que podría ser redirigido a programas con resultados demostrables.

USR subraya que continuará insistiendo en esta iniciativa para responsabilizar a los partidos en el Parlamento.