Cientos de alcaldes de Rumanía se dirigen a Bucarest para participar en una reunión de la Asociación de Comunas, donde solicitarán la modificación de la reforma de la administración pública propuesta por el Gobierno. Emil Drăghici, presidente de la Asociación, declaró que las medidas gubernamentales son sin precedentes y "draconianas", afectando gravemente la autonomía local y contribuyendo a la degradación del pueblo rumano. En paralelo, más de 1,300 comunas comenzarán una huelga de advertencia, marcando un estreno en las protestas de la administración local. Drăghici subrayó que los alcaldes están molestos y angustiados por la situación actual, criticando también el aumento repentino de impuestos y tasas locales. Afirmó que estas medidas habrían tenido otro respaldo si los alcaldes hubieran sido consultados previamente. El proyecto implica medidas de reducción de gastos a través de despidos de personal y aumentos de impuestos. También se busca aumentar los ingresos de los ayuntamientos, por lo que se ampliará la base imponible para edificios, terrenos y medios de transporte. Los edificios construidos sin autorización serán los más afectados, con una duplicación de impuestos durante los próximos 5 años. Los gastos reducidos ascenderán a 3,367 mil millones de lei en 2026, y para el período 2027-2030 se prevé un ahorro de 5,2-5,7 mil millones de lei anuales.
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