Anteriormente, Sorin Grindeanu sostuvo que las pensiones llevan dos años «congeladas» y pidió reanudar la indexación prevista por la ley, señalando que los pensionistas han soportado importantes cargas durante el período de austeridad. En la misma línea, afirmó que una rectificación presupuestaria adoptada con carácter urgente garantizaría los fondos para el pago de las pensiones hasta finales de año, la financiación de los medicamentos y los hospitales y el pago de las deudas a las empresas rumanas, con la necesidad de una segunda rectificación prevista para mediados de noviembre.
En los debates políticos también hubo críticas: el alcalde de Buzău, Constantin Toma, dijo que las promesas relativas a la indexación de las pensiones y los salarios no tienen fuentes claras y estimó que serían necesarios unos 27.000 millones de lei (más de 5.000 millones de euros), dinero que tendría que pedirse prestado. Asimismo, Grindeanu advirtió que ya no hay tiempo suficiente para aprobar la ley de salarios en la forma debatida, debido a la falta de consenso entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, contexto en el que las federaciones sindicales anunciaron protestas para aumentar el salario mínimo y desbloquear las negociaciones colectivas.