Antes del caso de Gheorghe Rotaru, una enmienda a la Ley de integridad fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional de Rumanía, y las disposiciones se refieren al cese del mandato o a la pérdida del cargo de las personas que se encuentran en situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses, incluso cuando las resoluciones son definitivas. La enmienda establece que las sanciones se apliquen 30 días después de la entrada en vigor de la ley, mientras que la Agencia Nacional de Integridad supervisa decenas de casos, algunos de los cuales todavía están ocupados por sus titulares.
En este contexto, también hubo otras situaciones en las que los alcaldes perdieron (o estaban a punto de perder) su mandato debido a conflictos de intereses constatados, como el caso del alcalde Adrian Torma de Moldova Nouă, cuyo cese del mandato estuvo directamente relacionado con la entrada en vigor de las modificaciones conocidas públicamente como el „amendamentul Fritz”.
