El PSD propone seis criterios para evaluar las localidades en el marco de la reforma administrativo-territorial, un proceso que debería finalizar en marzo. El eurodiputado socialdemócrata Dragoș Benea, coordinador del grupo de trabajo, afirma que los actuales alcaldes concluirán sus mandatos en 2028 y que la reorganización no provocará la desaparición de las localidades.
Los criterios anunciados son la población y la evolución demográfica, la sostenibilidad económica, la capacidad administrativa, la conectividad, el acceso a los servicios básicos y la infraestructura pública. Sobre esta base se creará una «matriz de sostenibilidad», con un algoritmo de puntuación que indicará las unidades administrativo-territoriales que pueden funcionar en su forma actual y aquellas que necesitarían una reorganización o fusión.
En cada provincia se crearía un comité coordinado por el prefecto, con representantes del Consejo Provincial, del catastro, de la estadística, de la educación, de la Policía y de la agricultura. Las propuestas serían enviadas al Ministerio de Asuntos Internos y al Ministerio de Desarrollo.
El PSD sostiene que la reforma es necesaria antes de las elecciones de 2028 y de cara a los fondos europeos para el período 2028-2034. Rumanía cuenta con más de 450 unidades administrativo-territoriales con menos de 1.500 habitantes, mientras que el 55 % de las ciudades ya no alcanza el umbral legal de 10.000 habitantes.
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