El Gobierno de Rumanía ha adoptado una decisión por la cual reducirá, para el año 2026, el número máximo de trabajadores extranjeros que pueden ser contratados en el país, estableciendo un contingente de 90.000 permisos de trabajo para ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Esta medida, discutida en el marco del Consejo Nacional Tripartito para el Diálogo Social, surge como una reacción a las estimaciones sobre la evolución del mercado laboral y posibles reestructuraciones en el sector público. El Ministro de Trabajo, Florin Manole, subrayó la importancia de tener puestos de trabajo disponibles para los ciudadanos rumanos, teniendo en cuenta posibles despidos. Aunque el entorno empresarial solicitó aumentar el contingente a 150.000, la propuesta fue rechazada. El Bloque Nacional Sindical criticó la posición de los empleadores, que pidieron un aumento en el número de trabajadores extranjeros, a pesar de las solicitudes de congelación del salario mínimo. El Primer Ministro Ilie Bolojan mencionó que el salario mínimo bruto podría permanecer en el nivel actual el próximo año, y las consultas sobre este tema continuarán hasta finales de noviembre.
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