El gobierno liderado por el primer ministro Ilie Bolojan asume, por segunda vez, la responsabilidad sobre la reforma de las pensiones de los magistrados, a pesar de la oposición de estos. La propuesta incluye la extensión del período de transición de 10 a 15 años y el tope de las pensiones especiales al 70% del último ingreso neto.
Kelemen Hunor, presidente de UDMR, declaró que este esfuerzo es un instrumento constitucional, aunque los magistrados no están de acuerdo con el tope propuesto. Subrayó que, en caso de que la ley sea impugnada ante el Tribunal Constitucional, las posibilidades de éxito de los magistrados son altas.
El líder del PSD, Sorin Grindeanu, criticó la demora en las negociaciones y subrayó la importancia de la motivación del Tribunal Constitucional para entender las razones del rechazo anterior del proyecto. Kelemen mencionó que, para llegar a un compromiso, ambas partes deben estar dispuestas a ceder.
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