La decisión del tribunal, pronunciada el 15 de enero de 2026, no es definitiva, pero es ejecutoria. La solicitud de suspensión fue formulada por la Coalición para la Defensa del Estado de Derecho, liderada por la abogada Elena Radu, quien impugnó la decisión de creación del Comité. Este analizará los efectos de la legislación en justicia adoptada en 2022 y propondrá medidas para garantizar la imparcialidad y la eficacia del acto de justicia. El Comité incluirá representantes de la Cancillería del primer ministro y del Ministerio de Justicia y podrá colaborar con expertos y organizaciones internacionales. Además, se espera que el tribunal decida sobre otras impugnaciones relacionadas con los jueces del Tribunal Constitucional y la ley de pensiones de los magistrados.
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