AUR ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional una ley recientemente adoptada, que ofrece al estado un mecanismo para extinguir obligaciones y litigios, incluida la disputa con Pfizer, donde Rumanía tiene que pagar más de 600 millones de euros.
El diputado Valeriu Munteanu acusó a la coalición PSD-PNL-USR de haber apoyado esta ley, que podría permitir al Gobierno negociar la extinción de deudas, incluso mediante el uso de bienes públicos. Rumanía ha perdido un juicio en primera instancia contra Pfizer por las vacunas anti-COVID solicitadas y rechazadas, y el Gobierno ha comenzado negociaciones para reducir el impacto financiero.
Munteanu subrayó que la ley podría permitir el uso de activos del estado para extinguir litigios, imponiendo así una carga adicional sobre los hombros de los rumanos.
Además, pidió aclaraciones sobre la responsabilidad por las decisiones tomadas durante la pandemia. El Gobierno continúa las negociaciones con Pfizer, explorando opciones como el pago a plazos y la compensación con medicamentos.
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