El Sindicato de Empleados del Gobierno acusa al jefe de la Cancillería de violar la legislación mediante la adquisición de 17 coches Duster, en contra de las órdenes de urgencia.

SAALG sostiene que Mihai Jurca ha comprado 17 coches Duster a través de leasing, violando las ordenanzas que prohíben las adquisiciones mediante leasing en las instituciones públicas. Jurca afirma que el nuevo contrato reduce los costos, pero el sindicato acusa de una manipulación de la legislación para justificar la compra. Además, la Cancillería no tiene atribuciones de transporte de mercancías y las modificaciones internas no pueden anular la legislación. Los empleados advierten sobre los peligros de tal práctica, que podría alentar a otras instituciones a eludir la ley.