Un estudio del European Policy Innovation Council (EPIC) estima que, entre 2026 y 2030, cinco expedientes de regulación europea podrían reducir el PIB de la UE en unos 159.000 millones de euros anuales si se aplican de forma restrictiva. Los autores sostienen que un diseño más gradual y diferenciado de las políticas reduciría las pérdidas en aproximadamente 125.000 millones de euros al año.
La regulación europea tiene objetivos legítimos —competitividad, transición industrial, protección del medio ambiente y de la salud pública—, pero sus costes dependen esencialmente de cómo se calibran, programan y aplican las normas, concluye el informe «The Hidden Cost of EU Regulation», elaborado por EPIC. El análisis se basa en escenarios económicos, no en pérdidas ya registradas.
Para el periodo 2026–2030, el informe analiza cinco ámbitos: los productos del tabaco (TPD3), la inteligencia artificial, los envases y residuos de envases (PPWR), el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y la biotecnología. En un escenario restrictivo, el impacto acumulado se estima en 158.700 millones de euros de PIB anual, unos 35.700 millones de euros en inversiones no realizadas y aproximadamente 419.000 puestos de trabajo expuestos.
Los mayores efectos modelizados corresponden a TPD3, con una pérdida anual de 47.600 millones de euros, seguido del CBAM, con 43.900 millones de euros, y del PPWR, con 41.700 millones de euros. La regulación de la IA podría costar 24.000 millones de euros anuales, según el escenario analizado.
El informe compara estas estimaciones con un escenario de «better regulation», basado en una aplicación gradual, obligaciones diferenciadas según el riesgo y un calendario sincronizado con la capacidad de adaptación de las economías. En esta variante, la pérdida anual del PIB se reduce a 33.400 millones de euros, mientras que la diferencia respecto al escenario restrictivo alcanza aproximadamente 125.300 millones de euros, 27.900 millones de euros en inversiones y casi 241.000 puestos de trabajo.
EPIC estima además que tres expedientes ya existentes —el acuerdo UE-MERCOSUR, la transición del sector automovilístico y la Política Agrícola Común— están asociados a costes anuales de aproximadamente 63.000 millones de euros, equivalentes al 0,35% del PIB de la UE. Los autores proponen el concepto de «Stability-by-Design»: evaluar con antelación los efectos económicos, consultar a las empresas afectadas y adaptar las obligaciones al tamaño y al riesgo de las empresas.
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