La crisis impide la solución

"Era del mercado" nos ha ofrecido una prosperidad sin precedentes durante el largo período de paz que es evidente que no hemos sabido apreciar lo suficiente. Pero la paz ha terminado.

Durante décadas, el proyecto europeo se ha construido sobre esta creencia elegante, que hoy puede parecer ingenua, a saber, que el mercado en su simplicidad podrá satisfacer los deseos más apremiantes de las personas y las industrias. Desde los nodos gasísticos liberalizados en los Países Bajos hasta la logística impecable del combustible para aviación, el mercado ha sido el árbitro supremo de la eficiencia, la rentabilidad y el bienestar. Sin embargo, esa era parece haber llegado a un brutal final estructural, bajo la sombra del estrecho de Ormuz bloqueado, de un teatro de guerra encendido en Oriente Medio y de una guerra en Ucrania que no parece tener fin.

No estamos atravesando solo una serie de eventos desafortunados. Apenas habíamos escapado de ella (la pandemia de Covid-19 nos había traído de nuevo a la realidad), pero aquí estamos de nuevo en la era de la "permacrisis" — un estado de choques perpetuos y superpuestos, en el que la "urgencia" ya no es una desviación de la norma, sino la norma misma. Mientras el barril de Brent se ha empujado hacia el umbral de los 120 dólares, y QatarEnergy invoca la fuerza mayor para el gas natural licuado (GNL) que debía salvarnos, Europa ha sido arrojada a una marcha sombría hacia una economía energética de guerra.

Las cifras publicadas por la Comisión Europea no son simples datos estadísticos; representan un acta de acusación de nuestras reservas restantes. Con los depósitos de gas oscilando en un nivel precario del 30% tras un invierno implacable, la matemática de la temporada 2026-2027 simplemente ya no da. En un mercado funcional, los precios elevados habrían moderado la demanda y atraído nuevas fuentes de suministro. Pero en una "permacrisis", no hay nuevas fuentes que atraer. Cuando el 20% del petróleo mundial y un tercio del GNL están "secuestrados" detrás de un bloqueo naval, el mecanismo de precios deja de ser una señal y se convierte en un instrumento contundente de destrucción. El llamado del Comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, a las capitales europeas para reducir el consumo de gas y electricidad se ha presentado como una medida "preparatoria". En realidad, las cancillerías europeas susurran que en realidad fue un anticipo de la racionación. Cuando veamos que las cancelaciones de vuelos pasan de ser un inconveniente a un colapso sistémico del sector del transporte, significará que el "mercado" ya ha fracasado.

El cambio que estamos presenciando es una migración fundamental del poder. Durante treinta años, la Comisión Europea ha actuado como un árbitro, asegurando la competencia y previniendo monopolios. Hoy, se le pide que actúe como un Estado Mayor. Las "opciones defensivas" sobre la mesa de los ministros que se reúnen en Bruselas — reducciones obligatorias de diversos porcentajes de la demanda, subsidios industriales estatales y el potencial de un fondo de "ayuda especial" — representan un giro total. Estamos asistiendo a una "covidización" de la energía. Así como la pandemia obligó al estado a penetrar en la vida privada de los ciudadanos para gestionar una amenaza biológica, el shock energético actual fuerza al estado a intervenir directamente en el termostato de los hogares y en las fábricas para gestionar una amenaza geopolítica.

Esta "economía de guerra" se caracteriza por necesidades brutales. En primer lugar, se necesita un mando centralizado: la era en la que los gobiernos nacionales pujaban unos contra otros por el último tanque de diésel debe llegar a su fin. Un escudo común de compra de energía a nivel de la UE ya no es un sueño federalista; es un requisito de supervivencia del proyecto europeo. Luego, debe abordarse con la máxima responsabilidad la tesis de una "racionalización estratégica": ¿subvencionamos la factura de calefacción del pensionista en Atenas, Bucarest o Berlín o mantenemos en funcionamiento las fábricas químicas de BASF en Ludwigshafen y la planta Dacia en Mioveni para evitar su cierre permanente? En un mercado, gana quien ofrece más. En una economía de guerra, el estado decide quién sobrevive.

El llamado del G7 a evitar "restricciones de exportación injustificadas" es un intento desesperado de frenar la ola de nacionalismo energético. Sin embargo, a medida que los espacios presupuestarios se estrechan, la tentación de atesorar electrones y moléculas se volverá irresistible, a menos que se cree un fondo europeo especial para socializar los costos de esta crisis. El peligro del momento actual es la frágil esperanza de que volveremos a "la normalidad" rápidamente, una vez que los tambores de guerra en Oriente Medio se calmen.

Este es el error de la década anterior. La permacrisis sugiere que, incluso si el estrecho de Ormuz se reabriera mañana, la vulnerabilidad ya ha sido expuesta, las reservas se han agotado y la desconfianza en las cadenas globales de suministro ha sido desmantelada. La base industrial de Europa se enfrenta actualmente a un sobrecoste energético del 30% (una estimación agregada de la pérdida de competitividad de costos que la industria pesada europea soporta en comparación con sus principales competidores globales, en un momento en que las cadenas de suministro a través de Ormuz están rotas), lo que amenaza con un éxodo silencioso y permanente de la producción hacia zonas geográficas más estables. Esto no es solo una fluctuación en el ciclo de negocios; es un movimiento tectónico. Tratar la situación como un aumento temporal de precios significa invitar a la desindustrialización por inacción.

A través de las oficinas de los funcionarios en Bruselas circula un chiste amargo sobre el hecho de que un futuro Consejo Europeo podría ser cancelado porque los vuelos de los líderes podrían estar bloqueados precisamente por la crisis de combustible que se les llama a resolver. ¿Es esto en realidad una metáfora perfecta para la permacrisis: la crisis misma impide la solución?