El sindicato Europol impugna la legalidad de los controles de la IGPR en la comisaría de Caras-Severin, por considerarlos abusivos e ilegales, en el marco de un caso de agresión.

El sindicato Europol ha reaccionado con vehemencia ante la decisión de la IGPR de enviar a la Dirección de Control Interno a realizar comprobaciones en el IPJ Caraș-Severin, a raíz de un incidente de agresión a un agente de policía. Los sindicalistas consideran que estos controles son ilegales y que las solicitudes de acceso a las grabaciones de las cámaras corporales son injustificadas, ya que su descarga requiere la aprobación central de la IGPR. También señalan que el IPJ Caraș-Severin ya ha solicitado autorización para utilizar estas grabaciones como prueba en la causa penal. El incidente tuvo lugar cuando un policía intervino en una motocicleta conducida por un menor bajo los efectos del alcohol, que posteriormente fue agredido por los lugareños.