El análisis realizado por la Asociación Energía Inteligente evidencia los límites de las evaluaciones ambientales para las hidroeléctricas iniciadas en la época comunista, que se centraron únicamente en el impacto local de las represas, sin tener en cuenta los efectos sobre las comunidades y ecosistemas de toda la zona. Aunque se ha adoptado la Ley para la finalización de 12 hidroeléctricas, el presidente Nicușor Dan la ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, invocando la protección de la biodiversidad.
AEI subraya que los análisis actuales son fragmentarios y no tienen en cuenta los beneficios socio-ecológicos de las hidroeléctricas, como la seguridad hídrica, la lucha contra la sequía y la prevención de inundaciones. Además, la no finalización de las obras puede llevar a la degradación del medio ambiente, dejando tras de sí zonas inestables.