Sssss, sssss... Está tan tranquilo en Bruselas

El silencio de la Unión Europea ante la crisis en Venezuela no es un accidente ni un fracaso institucional, sino la expresión de los límites de un proyecto construido para la paz interna, no para la confrontación geopolítica. La UE está atrapada entre la expectativa de reaccionar como una superpotencia y la realidad de una arquitectura basada en el consenso, el procedimiento y la prudencia estratégica. Casi ocho meses duró la espera. Los franceses la llamaron Drôle de guerre, los ingleses la denominaron Phoney War. En lugar de confrontación, las partes beligerantes lanzaban toneladas de folletos propagandísticos y difamatorios. Nadie asumía el primer ataque, ya sea por preocupación por los civiles o por miedo a proporcionar al adversario material de propaganda.

En ausencia de cualquier acción concreta, algunos soldados cultivaban jardines junto a las trincheras, otros pasaban los días en cafeterías improvisadas, tratando de matar el tiempo en una guerra imaginaria. En las ciudades, la vida continuaba como si nada importante hubiera sucedido. Los restaurantes estaban abiertos, los espectáculos eran accesibles, la vida social no parecía lo suficientemente perturbada como para volverse insoportable. A cientos de kilómetros se construían campos de concentración, y quienes no aceptaban la rendición incondicional recibían una bala en la nuca.

La esperanza de Occidente era que el tiempo trabajara a favor de una solución pacífica, que las sanciones económicas y el bloqueo doblegaran al adversario sin una confrontación directa. Ocho meses de espera. Ocho meses de esperanza. Ocho meses entre la declaración de guerra y la primera acción militar del conflicto más devastador en la historia de la humanidad. Después de ocho meses, la Alemania nazi atacó a Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, en una guerra que duró años y reescribió la historia de todo el continente.

Casi cualquier libro sobre la Unión Europea parte de esta lección de guerra. La construcción europea nació de una guerra que nadie creía que volvería a vivir. Europa no tiene, oficialmente, ninguna opinión sobre lo que sucede en Venezuela, ninguna posición unitaria y asumida públicamente. Ahora, por supuesto, no está claro quién es Europa. ¿Hablamos de Bruselas, París o Berlín? ¿Londres todavía entra en esta definición o no? ¿Se cuentan aquí también Tallin, Praga o Bucarest? ¿Quién estaría en condiciones de tener una posición sobre esta cuestión y cuál sería el proceso natural de validación de esta posición?

Como en cualquier situación confusa, las preguntas son más numerosas que las respuestas, especialmente porque estamos hablando de una situación que parece ser, a lo sumo, secundaria a los problemas europeos. Sin embargo, la discusión no puede ser evitada, porque lo que ha sucedido en Caracas abre temas que, para ser sinceros con nosotros mismos, no deseamos discutir: el derecho internacional, la relación transatlántica, el mundo de mañana, la seguridad global y, sobre todo, la europea.

Más tarde o más temprano, alguien tiene que hablar sobre todo esto para evitar una ansiedad cada vez más presente en toda Europa. Las rebajas de enero, los restaurantes abiertos, las disputas en las redes sociales, las regulaciones y desregulaciones, Maduro bailando, generado por IA, no logran ocultar completamente las preocupaciones de un continente entero. Es difícil tener paciencia.

En Bruselas se realizan casi a diario breves informativos de prensa en la Comisión Europea, donde los periodistas preguntan sobre Venezuela y Groenlandia, y siempre se repiten las mismas declaraciones simples y desprovistas de implicación en cuestiones que agitan las redes sociales. A más de 72 horas de la operación de extracción de Nicolás Maduro, ninguna de las instituciones europeas ha publicado un punto de vista oficial, asumido institucionalmente. Por extraño que parezca y por criticable que pueda ser este hecho, la situación sigue encajando dentro de sus límites normales.

La Unión Europea fue construida como un mundo de paz, una construcción pacífica, dedicada a la integración económica, que se toma en serio cuando se habla del estado de derecho, a veces tan anticuado que parece anacrónico.

La UE no hace política exterior porque fue construida para no hacer política exterior.

Quienes piden a la UE que actúe en el ámbito de la política exterior y se muestran sorprendidos o indignados por el silencio o, eventualmente, por las palabras cuidadosamente elegidas de los representantes europeos pertenecen a dos categorías muy claras. O no tienen los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de las instituciones que componen la UE, o hacen una sutil propaganda anti-UE, al intentar subrayar su incapacidad, ausencia o disfuncionalidad, porque no se pronuncian, no se involucran o no actúan en cuestiones de política exterior.

La política exterior de la Unión Europea está definida, antes que nada, por lo que no es y por lo que no puede ser en el contexto de los tratados en vigor. La política exterior de la UE no es una política federal y no pertenece a una entidad soberana única. La Unión no actúa como un estado, sino como un marco de coordinación entre soberanías nacionales. Por esta razón, cualquier análisis que parta de la idea de una política exterior "de Bruselas", como entidad autónoma, falla en captar la esencia de la construcción europea y exige algo que no puede suceder.

Años de discusión sobre el papel del Alto Representante, considerado más bien simbólico que el equivalente de un verdadero ministro de exteriores. ¿Alguien recuerda cómo se le pidió la dimisión al ex titular del cargo, Josep Borrell, por su visita a Moscú en febrero de 2021, durante la cual fue colocado en una situación calificada por comentaristas como humillante por el ministro ruso de exteriores, Serguéi Lavrov? Entonces, a pesar de ser criticado públicamente, ningún estado europeo asumió la situación en la que se encontraba el Alto Representante de la UE, y Borrell continuó su mandato hasta el final, en 2024.

La representación no significa decisión.

Por lo tanto, la representación externa de la UE está institucionalmente concentrada en la función de Alto Representante, pero su autoridad se deriva estrictamente de la voluntad de los estados miembros. Actualmente, esta función es ejercida por Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia, quien acumula el rol de coordinadora de la política exterior y el de vicepresidenta de la Comisión. Sin embargo, el Alto Representante no define la orientación política de la UE, sino que la expresa y la implementa. Su mandato es el resultado de decisiones tomadas colectivamente por los estados miembros y no puede exceder el marco establecido por ellos.

El verdadero centro de decisión de la política exterior europea es el Consejo Europeo, donde se establecen las principales direcciones estratégicas, las prioridades geopolíticas y las líneas rojas de la Unión. La regla de la unanimidad, aplicada casi sistemáticamente en este ámbito, hace que cada estado miembro sea un instrumento de bloqueo. Esta arquitectura explica tanto la capacidad de la UE para actuar de manera unitaria en ciertos momentos, como la dificultad de reaccionar rápidamente en situaciones de crisis.

La necesidad de una posición en una situación como la de Venezuela hoy puede ser legítima, pero, para tenerla, deberían cambiar tantas cosas que sería ingenuo creer que Europa puede convertirse en una federación en 24 horas. La relación entre la UE y los estados miembros en materia de política exterior es una de delegación limitada y reversible. Los estados no han transferido soberanía, sino que han creado un mecanismo mediante el cual pueden actuar juntos cuando sus intereses convergen. La política exterior de la UE es, por lo tanto, una construcción política dependiente del consenso, no la expresión de una autoridad central. En ausencia de este consenso, la UE no "se quiebra", sino que funciona exactamente dentro de los límites establecidos por los tratados. No es casual que los movimientos populistas de derecha que cuestionan la existencia de la UE se autodenominen soberanistas.

¿Qué tan real es la imagen de una Europa que debería reaccionar como una superpotencia?

La imagen de una Europa que debería reaccionar como una superpotencia no fue creada por un acto deliberado, sino por una acumulación de mensajes, compromisos y ambigüedades cultivadas a lo largo del tiempo. Las instituciones europeas han comunicado, durante años, la idea de una Unión "geopolítica", "estratégica", "global", sin explicar suficientemente los límites concretos de esta ambición. A esto se sumó el verdadero poder regulador de la UE, visible en mercados, tecnología, competencia o protección del consumidor, un tipo de autoridad que produce efectos globales y alimenta la percepción de una capacidad de control que supera las fronteras físicas de la Unión. El discurso sobre "una voz europea en la escena mundial" ha sido útil para legitimar el proyecto europeo internamente, pero ha dejado en la sombra la realidad jurídica y política de los tratados, creando una disonancia persistente entre el lenguaje aspiracional y la capacidad efectiva de acción.

Esta percepción ha sido reforzada también por la retórica constante sobre el estado de derecho, que la UE ha transformado en un elemento central de su identidad política. La condicionalidad, los informes, los mecanismos de monitoreo y las sanciones económicas han transmitido la idea de una Unión capaz no solo de establecer reglas, sino también de imponerlas. En el plano interno, esto ha funcionado como un instrumento de cohesión y disciplina, mientras que, en el plano externo, ha creado la impresión de una autoridad moral y política con reflejos de superpotencia. Cuando la UE habla constantemente sobre valores, normas y el respeto del derecho internacional, la expectativa pública es que estos discursos sean acompañados de reacciones firmes e inmediatas cada vez que estos principios son violados, incluso fuera de sus fronteras.

En esta construcción han contribuido decisivamente los líderes nacionales, que han utilizado a la UE como pantalla protectora en el discurso político. Cuando las decisiones eran populares, se convertían en "europeas". Cuando eran costosas o impopulares, la responsabilidad recaía en Bruselas. En materia de política exterior, esta dinámica se ha amplificado mediante la promoción de la imagen de una Europa fuerte, capaz de regular, sancionar y condicionar, sin aceptar, sin embargo, la transferencia real de soberanía necesaria para una reacción de tipo estatal. Así se ha llegado a la percepción de que la UE, una superpotencia normativa, se niega a actuar como una militar o estratégica por miedo, hipocresía o incapacidad.

Opciones concretas sobre el discurso respecto a la situación en Venezuela.

Para entender cuáles son las opciones concretas, es necesario, primero, analizar las perspectivas prácticas de la situación.

La legitimidad de la intervención. El problema central no es si el régimen de Nicolás Maduro es autoritario o ilegítimo desde el punto de vista democrático, sino quién decide que esta ilegitimidad justifica una acción coercitiva. La arquitectura jurídica internacional coloca esta competencia en manos del Consejo de Seguridad de la ONU o, en circunstancias limitadas, en el marco de la defensa colectiva. Una acción unilateral, incluso justificada contra un régimen cuestionado, sigue siendo problemática desde el punto de vista legal si no está anclada en un mandato reconocido. El presidente Trump consideró que EE. UU., y él personalmente, pueden decidir sobre esta cuestión, y sus declaraciones durante este mandato han sido más que explícitas en cuanto a la ONU y otras instituciones internacionales que pretenden cualquier forma de jurisdicción sobre las decisiones estadounidenses.

Por otro lado, la Unión Europea ha construido, durante décadas, un discurso basado en el primado de las normas, los procedimientos y la legitimidad jurídica. Desde esta perspectiva, la UE es criticada por una posible aceptación tácita de una intervención sin una base clara en el derecho internacional. Se trata del riesgo de erosión de la autoridad moral a la que la UE ha recurrido constantemente como argumento fundamental. Por ello, la reticencia estructural a validar o condenar rápidamente la situación es interpretada por los críticos como ambigüedad política, mientras que las declaraciones de algunos funcionarios sugieren más bien una dependencia estricta de la legalidad.

¿Quién tiene derecho a juzgar? La tentación política es transformar al líder del régimen venezolano en un "culpable evidente", una figura que debe ser sancionada rápidamente, simbólicamente y de manera ejemplar. El problema es que el juicio político no es equivalente al juicio jurídico, que, en este caso, seguiría, muy probablemente, teniendo lugar en un tribunal de Estados Unidos. Desde la perspectiva del discurso de la UE en las últimas décadas, aceptar una lógica en la que la captura, extradición o sanción de líderes políticos ocurre sin un marco judicial internacional claro crea un precedente peligroso. Si la culpabilidad se establece por la fuerza, el estado de derecho corre el riesgo de convertirse en un instrumento selectivo. Para la UE, que ha sostenido constantemente la Corte Penal Internacional y los mecanismos multilaterales de justicia, el caso de Venezuela crea una profunda tensión, ya que la defensa de la justicia internacional se vuelve difícil de sostener cuando la aceptación de eludirla parece conveniente desde el punto de vista político.

Por otro lado, la posición de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional ha sido siempre clara y constante. EE. UU. sostiene la idea de justicia penal internacional, pero se niega a reconocer la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses. Washington considera que su sistema judicial nacional es suficiente para investigar y juzgar posibles crímenes cometidos por sus propios ciudadanos, rechazando cualquier autoridad externa que no haya sido aceptada explícitamente. En la práctica, EE. UU. coopera selectivamente con la CPI cuando las investigaciones se dirigen a actores adversos o regímenes aislados, pero reacciona firmemente cuando la Corte intenta extender su competencia sobre estadounidenses o sus aliados. Las posibilidades de que Nicolás Maduro llegue a La Haya para ser juzgado han sido, de manera realista, inexistentes desde el principio.

Imposición de la democracia en Venezuela. Para Europa, la idea de "exportar la democracia" mediante medios coercitivos plantea un problema de credibilidad. Si el estado de derecho se impone desde el exterior, sin instituciones locales funcionales y sin legitimidad interna, el resultado corre el riesgo de ser una democracia formal, frágil y dependiente. Además, aceptar intervenciones selectivas envía la señal de que los valores no son universales, sino aplicables de manera discrecional, según el contexto geopolítico.

La UE ha construido un modelo en el que el estado de derecho y la democracia se consolidan mediante condicionalidad económica, integración gradual y presión normativa. Esta lógica está en la base del proceso de ampliación de la Unión, diseñado precisamente para evitar democracias de fachada. La adhesión no es el resultado de una imposición externa, sino de un proceso en el que los estados candidatos deben adoptar, aplicar y demostrar el funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas, la independencia de la justicia y el respeto del estado de derecho. La condicionalidad no es un instrumento punitivo, sino un mecanismo de verificación de la aceptación real de las reglas del juego. La democracia se vuelve sostenible solo cuando es asumida internamente, no cuando es instalada mediante presión o fuerza.

El hecho de que el proceso de ampliación se haya intensificado en el último año dice lo suficiente sobre cómo la UE ve su futuro y sobre el modelo que está dispuesta a aceptar. Sin embargo, es, de nuevo, un proceso interno, no uno externo. La UE no exporta democracia ni modelos políticos fuera de sus fronteras.

En contraposición a este enfoque europeo, los Estados Unidos de América ven a Venezuela a través de una lente predominantemente estratégica, no procedural. Desde la perspectiva de Washington, la principal apuesta no es la construcción gradual de instituciones democráticas aceptadas internamente, sino la eliminación de un régimen considerado ilegítimo y hostil, en un espacio geopolítico percibido tradicionalmente como zona de influencia directa.

Como se puede observar, la disonancia es total, y quien la subrayara públicamente no podría hacerlo sin colocar a su aliado, o ex aliado, en función de la perspectiva, en una situación delicada, con potencial explosivo. Dado que Venezuela se encuentra a una distancia considerable de Europa y nunca ha sido un punto estratégico para la UE o sus estados miembros, excepto por las declaraciones sobre el estado de derecho, la única opción lógica sigue siendo el silencio, que implica mucho menos riesgos que cualquier otra cosa que pudiera ser expresada.

Groenlandia no es Venezuela.

A pesar de que las declaraciones de la UE son igualmente reservadas en el caso de Groenlandia, las situaciones son, evidentemente, fundamentalmente diferentes. La falta o reticencia en la declaración tiene, en ambos casos, el mismo motivo diplomático: no tiene sentido abrir una disputa que no puedes gestionar. El problema estratégico es evitar abrir dos frentes, dos crisis mayores simultáneamente.

Para la UE, Ucrania se ha convertido en una cuestión existencial, en una medida comparable a la que es percibida como tal por Rusia. La fuente de esta confrontación es exactamente la filosofía de ampliación de la UE explicada anteriormente. Es discutible si Ucrania habría sido integrada en la UE o en la OTAN en ausencia de un peligro directo que amenazara su existencia, pero este punto es, hoy, superado y carente de utilidad analítica.

La idea de que Ucrania podría haber seguido el camino de otros estados de Europa del Este que abandonaron el campo soviético y se convirtieron en miembros de pleno derecho de las alianzas occidentales es inaceptable para Moscú. Una Ucrania democrática, funcional, próspera económicamente y con derecho a voto en Bruselas representa una pesadilla estratégica para la filosofía política rusa. Así, si la defensa de Ucrania hubiera dependido más de la OTAN y de la implicación directa estadounidense, y la UE no hubiera sido empujada a asumir su propio destino estratégico, tal vez Ucrania no se habría convertido en un problema existencial también para Europa. Sin embargo, es demasiado tarde para tales reflexiones.

Atrapada en este dilema, la UE debe aceptar la razón estratégica central, clásica, según la cual no puedes abrir dos crisis mayores al mismo tiempo si no tienes la capacidad de gestionarlas simultáneamente. Para la UE, el frente oriental, relacionado con Ucrania, ya está abierto y consume recursos políticos, económicos, militares y de legitimidad interna. Cualquier escalada política seria en el expediente de Groenlandia significaría tensar la relación con la OTAN y, por ende, con los Estados Unidos de América, justo en el momento en que el apoyo estadounidense es indispensable para mantener el equilibrio en el flanco oriental.

La situación en la que se encuentra hoy la Unión Europea, forzada a priorizar frentes y a aceptar silencios estratégicos incómodos, tiene un paralelismo histórico razonablemente claro en la experiencia de Rumanía en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Rumanía se enfrentó a una realidad geopolítica imposible de gestionar: presiones territoriales simultáneas desde el este y el oeste, en un momento en que las grandes potencias redibujaban las esferas de influencia sin tener en cuenta la voluntad de los estados entre ellas. A raíz del acuerdo entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, Rumanía se vio obligada a ceder territorios sucesivamente, sin la capacidad real de abrir dos frentes diplomáticos o militares al mismo tiempo. No se trataba de debilidad moral, sino de un límite estructural del poder disponible.

El paralelismo con el presente es relevante no para equiparar las situaciones, sino para entender la lógica decisional. Rumanía en 1940 no eligió entre el bien y el mal, sino entre pérdidas controlables y colapso total. La aceptación de los ultimátums fue el resultado de una constricción estratégica, no de una opción política libre. De manera similar, la UE de hoy no opera en un vacío moral, sino en un entorno geopolítico en el que los recursos de atención, influencia y poder son finitos. La apertura simultánea de confrontaciones mayores, ya sean políticas o estratégicas, corre el riesgo de llevar a la pérdida de ambas. La lección histórica es que los estados y las alianzas no caen porque no reaccionan en todas partes, sino porque sobrestiman su capacidad de reaccionar en cualquier lugar.

También existe un segundo paralelismo, más sutil, pero esencial. Rumanía fue atrapada entre dos proyectos imperiales que no reconocían el derecho de los estados pequeños a elegir su propio destino. Hoy, Ucrania juega un papel similar en relación con Rusia, pero la gran diferencia es que la UE ha optado por no repetir la lógica del abandono tácito. Precisamente por eso, Ucrania se ha vuelto existencial para Europa. En 1940, Rumanía no tenía un marco de integración que le ofreciera protección estructural. Hoy, la UE sabe que renunciar a un estado que ha elegido explícitamente el modelo europeo socavaría todo el proyecto de ampliación y su credibilidad política. En este sentido, los silencios de la UE en otros expedientes no son un signo de indiferencia, sino la expresión de una lección histórica dolorosa: cuando estás atrapado entre múltiples presiones simultáneas, la supervivencia depende de elegir el frente que no puede ser perdido.

El paralelismo es uno de lógica estratégica, no de naturaleza moral o histórica. 2026 no es 1940. Las realidades políticas no tienen nada en común con aquellos tiempos, los actores políticos juegan según otras reglas, y la información da la vuelta al mundo en cuestión de segundos. El mundo se ha vuelto más pequeño y más sofisticado.

Escepticismo estadounidense hacia la Unión Europea.

Es un hecho que el presidente Trump no es un fan de la Unión Europea. Pero también es cierto que lo que él cree no es nuevo y ha sido respaldado por diversos politólogos estadounidenses que no han dudado en expresar y escribir sobre las deficiencias del modelo europeo. Henry Kissinger y George Friedman han visto a la UE como un proyecto notable de estabilización interna, pero problemático cuando se evalúa con las herramientas clásicas de la política de poder. En un mundo que ha vuelto a la dura competencia entre estados, a guerras de desgaste y a la lógica de las zonas de influencia, esta distinción se vuelve esencial.

Para Kissinger, el escepticismo provenía de la confusión entre legitimidad moral y capacidad estratégica que la Unión Europea ha manifestado desde su aparición. Permanece célebre la cita que se le atribuye, "¿A quién llamo si quiero llamar a Europa?", y se ha escrito tanto sobre esta formulación retórica que ya no importa si él es o no su autor. En el contexto actual, esta observación cobra peso, ya que, si alguien espera que la UE reaccione como una superpotencia, el fracaso no es institucional, sino de expectativas. Complementariamente, George Friedman lleva este argumento más lejos, explicando por qué las limitaciones de la UE no son accidentales, sino inherentes a su arquitectura. Para él, la Unión no es un estado en devenir, sino una solución histórica temporal al problema del conflicto europeo. En un mundo tenso, en el que las grandes potencias reafirmaron sus intereses geopolíticos, la UE se ve forzada a operar en un espacio que no le fue destinado inicialmente.

Quizás así se explique por qué, en muchos casos sorprendentes para los europeos, el presidente Trump parece creer que Rusia es más fuerte que la Unión Europea. No es una convicción relacionada con el tamaño de la economía, el nivel de vida o la influencia normativa, sino con una definición estrictamente realista del poder: el poder se entiende como la habilidad de tomar decisiones rápidas, de imponer costos al adversario y de soportar las consecuencias de estas a largo plazo. Rusia es un estado centralizado, con una cadena de mando clara, capaz de actuar de manera coherente y de aceptar pérdidas económicas, aislamiento diplomático y costos humanos para defender sus intereses estratégicos. La Unión Europea, en cambio, funciona mediante consenso, procedimientos y compromisos entre los estados miembros, lo que le confiere legitimidad, pero le reduce la velocidad y, a los ojos de algunos observadores externos, la claridad decisional. Desde esta perspectiva, la UE aparece como un actor estratégico frágil, averso al riesgo y orientado a minimizar los costos internos, no a asumirlos. Rusia sabe lo que quiere y dónde traza sus líneas rojas, mientras que la UE negocia permanentemente estos límites en su interior.

Esta evaluación está lejos de ser un elogio a Rusia, sino que representa una fría constatación sobre cómo se percibe el poder en la lógica realista y explica por qué Moscú logra tener partidarios en algunos de los lugares más sorprendentes.

Todo se reduce a cuánto tiempo tienes a tu disposición.

Numerosas estimaciones de expertos en seguridad sostienen que Rusia está constriñida por el calendario electoral estadounidense de 2026 para actuar decisivamente, si no quiere perder un momento oportuno en el que se beneficia de la comprensión del presidente estadounidense o de su indiferencia hacia la UE y Ucrania.

En 2026, en los Estados Unidos de América se celebran las elecciones de mitad de mandato presidencial, conocidas como midterm elections, que renuevan toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, junto con una serie de elecciones para gobernadores y funciones clave a nivel estatal. Aunque el presidente no está en la boleta, estas elecciones funcionan como una validación política de los primeros dos años de mandato y pueden modificar radicalmente el equilibrio de poder en el Congreso. El control legislativo resultante influye directamente en la capacidad de la administración para adoptar leyes, aprobar presupuestos, confirmar nombramientos importantes y apoyar o bloquear direcciones de política exterior, lo que convierte la votación de 2026 en un momento decisivo para la dirección política de EE. UU. hasta las elecciones presidenciales de 2028.

También en 2026, los Estados Unidos de América cumplen 250 años desde la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, un momento conocido como Semiquincentenario (Semi-quincentennial). La significación es mayor, tanto simbólicamente como políticamente, ya que la celebración marca un cuarto de milenio de existencia del estado americano y puede ser utilizada para reafirmar la identidad nacional, la continuidad institucional y el papel global de EE. UU.

En conjunto, la carga simbólica del año 2026 se vuelve enorme en un mundo que aprecia los gestos históricos relevantes, incluidos para los actores políticos interesados en el legado que dejan a las sociedades que dirigen.

Para la Unión Europea, 2026 es el segundo año de los 10-15 años que las estimaciones de especialistas europeos indican que serían necesarios para desarrollar capacidades de defensa relativamente independientes y funcionales. Este plazo supone condiciones políticas favorables e inversiones sostenidas. En los escenarios más optimistas, que incluyen cooperación industrial acelerada, adquisiciones comunes, integración de mandos y una voluntad política constante, algunas capacidades clave podrían volverse operativas en 7-10 años. En los escenarios más prudentes, invocados en el entorno militar y académico, el plazo se acerca a 15-20 años, ya que la defensa no solo implica equipos, sino también doctrinas comunes, interoperabilidad real, cadenas de suministro seguras, mando unificado y, sobre todo, aceptación política del uso de la fuerza.

Por esta razón, existe tanta calma, las declaraciones son tan reservadas y calculadas, y nada se arriesga. ¿Qué sentido tendría empezar a calcular que Groenlandia representa aproximadamente el 22% de la superficie de EE. UU., es decir, casi una cuarta parte del territorio americano? ¿Qué sentido tendría responder nerviosamente en un intercambio de memes en línea en el que nadie convence a nadie de nada, pero todos flexionan sus músculos? Cualquier cambio en el estatus de Groenlandia produciría un tsunami difícil de gestionar y, independientemente del escenario inventado, de la predicción intentada o de la simulación puesta sobre la mesa, la UE no será la misma después de Groenlandia. No significa que desaparecerá, aunque nada es eterno, pero no podrá existir en esta forma. Por esta razón, la calma en Bruselas es una buena señal, siempre que exista.

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