La investigación se inició en el contexto de los preparativos para el invierno, cuando el sector energético enfrenta ataques rusos y cortes de energía. NABU ha identificado una organización criminal de alto nivel, dirigida por un empresario, que incluye a un exasesor del ministro de energía y otros funcionarios. Estos habrían obligado a los contratistas de Energoatom a pagar comisiones ilegales del 10-15% para evitar el bloqueo de los pagos. Tras las redadas, NABU ha recopilado pruebas sustanciales, incluyendo 1.000 horas de interceptaciones.
El presidente Zelenski ha solicitado la cooperación de los funcionarios con NABU para combatir la corrupción. Paralelamente, la oposición ha iniciado procedimientos para destituir al gabinete de ministros, señalando provocaciones políticas en aumento. El ministro de energía ha prometido una investigación transparente para restaurar la confianza de los socios internacionales.
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