Los representantes de Ucrania en Bucarest ofrecieron explicaciones tras la adopción, el 12 de octubre de 2026, por parte de la Rada Suprema, de una ley sobre los derechos educativos de los pueblos indígenas y de las minorías nacionales. La norma fue considerada controvertida por la comunidad rumana de Ucrania, ya que modifica las reglas aplicables a las escuelas con enseñanza en rumano.
Según la misión diplomática, la ley amplía el uso de las lenguas minoritarias que son lenguas oficiales de la Unión Europea, tanto en el proceso educativo como en la comunicación dentro del entorno escolar. Las instituciones en las que más de la mitad de los alumnos estudien en la lengua de la minoría podrán recibir un estatus jurídico distinto, y los programas escolares podrán incluir la historia, la cultura y las tradiciones de la comunidad.
Los alumnos podrán solicitar los enunciados traducidos en la evaluación externa, y los documentos académicos podrán expedirse en ucraniano y en la lengua de la minoría. La ley también prevé la continuidad de la educación en caso de reorganización de las escuelas, autorizaciones adicionales para su cierre y financiación para las clases con pocos alumnos.
Los funcionarios ucranianos sostienen que la norma garantiza un equilibrio entre el aprendizaje de la lengua estatal y la protección de la identidad cultural. En agosto de 2026, Ucrania y Rumanía reanudaron las reuniones de la comisión intergubernamental dedicada a los derechos de las minorías.
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