Antes de la decisión de suspensión, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que introduce sanciones contra algunos funcionarios rusos, bancos y la llamada «flota fantasma» de petroleros. La ley fue promulgada el mes pasado y también contemplaba la posibilidad de aplicar aranceles de hasta el 100 % a las mercancías importadas de países que compran petróleo o gas rusos, con ciertas excepciones.
La ley fue presentada como una medida destinada a reducir los recursos financieros de Rusia para la guerra en Ucrania, y el marco legislativo contó con el apoyo de parlamentarios estadounidenses de ambos partidos. Al mismo tiempo, hubo advertencias sobre el riesgo de que la administración Trump también apuntara a aliados europeos, además de ejercer presión sobre grandes importadores de energía como China e India.
Paralelamente, la relación entre Washington y Kiev se volvió más tensa: la Casa Blanca presionó para que Ucrania detuviera los ataques contra instalaciones petroleras rusas, y Kiev aceptó temporalmente, pero posteriormente reanudó los ataques. En este contexto, Trump también autorizó las exportaciones rusas de diésel, una decisión criticada por líderes ucranianos y voces del Congreso, mientras que la UE advirtió que la relajación de las sanciones podría proporcionar a Moscú ingresos adicionales para financiar la guerra.
