En abril, la administración Trump detuvo más de la mitad de la financiación federal para programas de prevención de la violencia armada, eliminando 69 de las 145 subvenciones destinadas a la intervención contra la violencia comunitaria por un total de 158 millones de dólares. La medida formaba parte de un recorte más amplio de 811 millones de dólares que afectaba a diversos programas de seguridad pública. Las subvenciones CVI, financiadas originalmente por la ley bipartidista Safer Communities Act de 2022, tenían como objetivo combatir el aumento de la violencia armada, y los recortes llegan en un momento crítico en el que los incidentes con armas de fuego son habituales.
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