¿Qué nos espera en una Europa en la que la criminalidad se robotiza más rápido que el estado?

La criminalidad se adapta más rápido que el estado a un mundo en el que lo digital produce efectos físicos directos. En una Europa que entra en una realidad "phygital", el informe de Europol muestra cómo los drones, los robots y los sistemas autónomos cambian las reglas del juego, mientras que las instituciones permanecen ancladas en un modelo bidimensional de orden público.

Europol publicó a finales del año pasado un informe en el que discute ampliamente los efectos de la tecnología sobre la criminalidad y la capacidad de las fuerzas del orden para hacer frente a la situación. Según el informe, Europa ya ha entrado en una fase en la que la transformación tecnológica ya no es un tema de innovación o competitividad económica, sino que se ha convertido en un problema de orden público y seguridad interna. El informe no trata a los robots y sistemas autónomos como un escenario de ciencia ficción. Nos encontramos ante una realidad integrada en la criminalidad, en infraestructura crítica y en la actividad de las fuerzas del orden. El documento de Europol subraya que los estados, tal como están organizados hoy, están construidos para un mundo bidimensional, físico, localizable, mientras que la criminalidad evoluciona rápidamente hacia una forma descentralizada, automatizada y a distancia. La discrepancia no es solo técnica. Nos enfrentamos a una situación profundamente política, porque cuestiona la capacidad de las autoridades públicas para proteger a los ciudadanos sin perder al mismo tiempo la legitimidad democrática.

Para la Unión Europea, la apuesta es doble. Por un lado, se trata de la capacidad práctica de prevenir y combatir delitos que ya no respetan las fronteras clásicas del territorio o la jurisdicción. Por otro lado, se trata de mantener la confianza pública en un estado que debe modernizar sus herramientas sin deslizarse hacia una vigilancia excesiva o una automatización opaca de la fuerza. El análisis de Europol muestra que estos dos objetivos no son automáticamente compatibles y que la falta de una estrategia coherente corre el riesgo de socavarlos a ambos.

La criminalidad entra en la era de los "delitos a distancia".

La primera señal de alarma lanzada por Europol está relacionada con la distancia física entre el delincuente y el delito. El informe muestra que el uso de drones y sistemas autónomos permite llevar a cabo actividades criminales sin presencia directa en el espacio en el que tienen lugar. La vigilancia de áreas sensibles, el transporte de bienes ilegales, el monitoreo de las fuerzas del orden o incluso los ataques pueden realizarse desde kilómetros de distancia, a veces desde fuera de la jurisdicción nacional. Esta evolución cambia fundamentalmente la aplicación de la ley. La policía está organizada en torno a la idea de proximidad a través de patrullas, perímetros, intervención rápida en el lugar. En la lógica de los "delitos a distancia", estos hitos se desvanecen. El delito puede ser cometido en una hora, coordinado desde otro país y ejecutado por un sistema autónomo que no puede ser "interrogado" o intimidado en el sentido clásico de la aplicación de la ley. El informe subraya que esta distancia reduce los riesgos para los delincuentes y aumenta la dificultad de atribuir responsabilidades.

Europol destaca que no se trata solo de casos aislados o experimentos marginales. Los drones comerciales son cada vez más baratos, más fáciles de modificar y más eficientes, y los conocimientos necesarios para adaptarlos circulan rápidamente en línea. En este contexto, la criminalidad organizada ya no necesita infraestructuras complejas para expandir su área de acción, sino que puede externalizar el riesgo a sistemas autónomos relativamente simples, pero efectivos. Esta transformación crea una brecha estratégica. El informe de Europol sugiere que el estado corre el riesgo de permanecer anclado en un modelo reactivo, mientras que los delincuentes operan de manera preventiva y anticipativa, utilizando la tecnología para evitar el contacto directo con las autoridades. En ausencia de capacidades de detección, monitoreo y contrarresto adaptadas a esta realidad, la aplicación de la ley corre el riesgo de volverse simbólica, centrada en las consecuencias, no en el control efectivo del fenómeno.

La guerra acelera la criminalidad, no solo la innovación.

El informe de Europol introduce un elemento que cambia radicalmente la forma en que debe leerse la relación entre la seguridad externa y la seguridad interna en el sentido de que la guerra ya no es un fenómeno aislado de la criminalidad, sino que se convierte en un acelerador directo de esta. Los conflictos recientes, especialmente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, se han convertido en laboratorios de prueba para tecnologías que, una vez fuera del contexto militar, se transfieren rápidamente al entorno civil y criminal. Esta transición no es teórica o lenta, sino documentada, rápida y difícil de controlar. Europol subraya que el ritmo de innovación en las zonas de conflicto supera con creces los ciclos tradicionales de regulación o adquisición pública. Los drones producidos en grandes cantidades, adaptados rápidamente, modificados en garajes o talleres improvisados y operados con costos mínimos se han convertido en parte del arsenal militar. El informe advierte que exactamente estas características, el bajo precio, la modularidad, la facilidad de operación, hacen que la tecnología sea extremadamente atractiva para la criminalidad organizada y para las redes terroristas, una vez que el know-how se difunde más allá de la línea del frente.

Un elemento clave es la normalización del uso de la violencia automatizada. Tecnologías que en su momento parecían excepcionales hoy se utilizan a gran escala en conflictos, lo que reduce el umbral psicológico y operativo para su uso en otros fines. El informe sugiere que este proceso crea un efecto de contaminación en el que las tácticas, métodos y soluciones técnicas desarrolladas para la guerra son replicadas, adaptadas y simplificadas para el uso criminal, incluso en el espacio europeo. Esta dinámica coloca a las fuerzas del orden en una posición estructuralmente desventajosa. La policía opera bajo estrictas restricciones legales, con mandatos limitados y con la obligación de minimizar los riesgos para la población civil. La criminalidad inspirada por la guerra, en cambio, no tiene tales restricciones. El informe indica que las herramientas desarrolladas para contrarrestar drones en un contexto militar no siempre son transferibles al entorno urbano civil, donde la seguridad pública y el respeto de los derechos fundamentales limitan drásticamente las opciones de intervención.

De la policía territorial a la "policía 3D".

Después de describir la transformación de la criminalidad y su aceleración bajo la influencia de conflictos armados, el informe de Europol desplaza el centro de gravedad hacia un problema más profundo. El espacio en el que se ejerce la autoridad del estado ya no es bidimensional. Tradicionalmente, la policía ha estado organizada para controlar superficies, calles, edificios, barrios. La criminalidad mediada por sistemas autónomos ignora sin embargo esta lógica y opera simultáneamente en el aire, en tierra, en agua y bajo el agua. Europol describe este cambio como un cambio en el entorno operativo, no solo en las herramientas. Esta expansión del espacio criminal crea una brecha estructural. Mientras que las redes criminales pueden utilizar drones para cruzar fronteras, eludir la infraestructura controlada o evitar puntos de control, las fuerzas del orden siguen limitadas por jurisdicciones, competencias fragmentadas y recursos diseñados para el control terrestre. El informe sugiere que el problema no es la falta de voluntad, sino la falta de un modelo operativo adaptado a un espacio tridimensional, en el que los delitos ya no respetan rutas predecibles.

Europol introduce la idea de que este cambio no solo afecta la forma de intervención, sino también la forma de detección y prevención. En un entorno tridimensional, la criminalidad puede volverse invisible hasta el momento en que se produce el efecto. Los drones pueden recopilar información sin ser observados, pueden entregar objetos sin contacto humano y pueden desaparecer rápidamente de la zona de intervención. El informe indica que esto reduce significativamente la eficacia de los métodos tradicionales de patrullaje, vigilancia y disuasión, que se basan en la presencia física y la visibilidad.

Otro aspecto esencial subrayado por Europol es la fragmentación de competencias. El espacio aéreo, marítimo y subterráneo está regulado a través de marcos diferentes, a menudo gestionados por autoridades distintas. La criminalidad que explota estos espacios se mueve sin embargo sin tener en cuenta estas separaciones administrativas. El informe sugiere que, en ausencia de un enfoque integrado, el estado corre el riesgo de reaccionar puntualmente a incidentes, sin tener una imagen coherente del fenómeno. En este contexto, la "policía 3D" se presenta como una redefinición de la misión de la policía. Europol indica la necesidad de un pensamiento operativo que incluya la monitorización de volúmenes, no solo de superficies, y la coordinación entre unidades que hasta ahora funcionaban relativamente independientes. Esta transformación implica no solo la adquisición de nuevas tecnologías, sino también la revisión de procedimientos, de la formación profesional y de cómo la autoridad pública define su presencia en un espacio seguro cada vez más complejo.

La vulnerabilidad estratégica de la UE – dependencia de proveedores no europeos.

Después de describir la transformación de la criminalidad y la dificultad del estado para adaptar su espacio operativo, el informe de Europol introduce un problema menos visible, pero estructural. Las fuerzas del orden de la Unión Europea son tecnológicamente dependientes de proveedores fuera de la UE. De manera explícita, el documento advierte que gran parte de las capacidades existentes en el ámbito de los drones, robots y sistemas autónomos se basa en equipos y software desarrollados y controlados por actores no europeos. Esta situación crea una vulnerabilidad que supera la esfera técnica y entra en el ámbito de la seguridad estratégica. Europol muestra que esta dependencia se manifiesta de varias formas. Por un lado, existe un fenómeno de "vendor lock-in", en el que las agencias de aplicación de la ley terminan construyendo sus procedimientos y capacidades en torno a un número muy limitado de proveedores. Por otro lado, la falta de alternativas europeas reduce la capacidad de los estados miembros para reaccionar rápidamente a riesgos emergentes, ya sean relacionados con la seguridad cibernética, la protección de datos o el acceso continuo a mantenimiento y actualizaciones críticas. El informe sugiere que esta situación puede afectar incluso la confianza pública, en las condiciones en que la infraestructura de orden público depende de tecnologías que están fuera del control político europeo.

Un elemento esencial subrayado por Europol es la asimetría entre la criminalidad y el estado en este ámbito. Mientras que las redes criminales pueden adoptar rápidamente tecnologías comerciales disponibles en el mercado global, las fuerzas del orden están constriñidas por procesos lentos de adquisición pública, por estándares rígidos y por dependencias contractuales. Esta diferencia de velocidad y flexibilidad amplifica el riesgo de que las autoridades queden permanentemente rezagadas ante las amenazas, no por falta de competencia, sino por falta de autonomía tecnológica. El informe destaca que el problema no es solo de hardware, sino también de control sobre los datos y de interoperabilidad. Los sistemas autónomos generan grandes volúmenes de información sensible, y la falta de control total sobre cómo se procesan, almacenan o transmiten estos datos plantea serias preguntas sobre la soberanía digital. Europol advierte que, en ausencia de ecosistemas tecnológicos europeos sólidos, la aplicación de la ley corre el riesgo de llevarse a cabo en un marco que no refleja plenamente los valores y estándares de la UE en materia de protección de los derechos fundamentales.

En este contexto, el informe no propone soluciones simplistas, sino que indica direcciones estratégicas como la cooperación industrial europea, el desarrollo de capacidades internas y la creación de mecanismos comunes de prueba, adquisición y estandarización. En resumen, sin autonomía tecnológica, la adaptación operativa permanece incompleta. Para la Unión Europea, la apuesta no es solo la eficiencia de la policía, sino la capacidad de ejercer la autoridad pública de manera coherente, segura y legítima en un mundo en el que la tecnología se convierte en un factor de poder.

La crisis de legitimidad. La tecnología sin confianza pública se convierte en un riesgo político.

Después de identificar los límites operativos y las vulnerabilidades estratégicas de las fuerzas del orden, el informe de Europol introduce la confianza pública como una dimensión esencial, a menudo tratada de manera marginal en los debates sobre seguridad. El documento subraya que la adopción de sistemas autónomos por parte de la policía no es solo una cuestión de eficiencia o capacidad técnica, sino también de legitimidad democrática. Sin aceptación social, incluso las tecnologías más avanzadas pueden convertirse en factores de contestación política e institucional. El informe muestra que las reacciones públicas al uso de drones o robots por parte de la policía son a menudo desproporcionadas en relación con las capacidades reales de estos sistemas. Los ejemplos mencionados indican que la percepción pública está influenciada por temores relacionados con la vigilancia, la pérdida de intimidad y la "deshumanización" de la aplicación de la ley. En este contexto, la tecnología se juzga no solo por lo que hace, sino por lo que simboliza, una posible extensión opaca del poder del estado en el espacio privado.

Europol observa que esta crisis de legitimidad se amplifica por la brecha entre las expectativas del público y la realidad tecnológica. Los ciudadanos tienden a atribuir a los robots y drones capacidades casi ilimitadas, mientras que, en la práctica, estos sistemas a menudo son limitados, dependientes de operadores humanos y utilizados en escenarios muy específicos. Cuando los beneficios concretos no son visibles o fáciles de entender, los temores se vuelven dominantes, y cualquier incidente o uso controvertido adquiere una resonancia política significativa. El informe sugiere que este problema no puede resolverse exclusivamente a través de regulación o comunicación post-facto. Por el contrario, Europol insiste en la necesidad de involucrar al público antes de la implementación, a través de transparencia, consultas y explicaciones claras sobre el propósito, los límites y las garantías asociadas con el uso de la tecnología. Sin este esfuerzo, existe el riesgo de que las fuerzas del orden pierdan el apoyo social justo en el momento en que más lo necesitan para hacer frente a formas de criminalidad cada vez más sofisticadas.

Una policía percibida como distante, automatizada e invasiva, corre el riesgo de ser cuestionada no solo por delincuentes, sino también por ciudadanos. Para la Unión Europea, esta dimensión es crítica. El orden público no puede mantenerse solo a través de capacidad técnica, sino que depende de un contrato social que debe renovarse en una sociedad cada vez más "robotizada".

La regulación como punto débil de la seguridad europea.

El informe de Europol llega al final a un punto de convergencia en el que la regulación no sigue el ritmo de la realidad tecnológica. El documento no cuestiona la existencia del marco jurídico europeo, por el contrario, reconoce el progreso en áreas como drones, seguridad cibernética o inteligencia artificial. El problema identificado es uno de velocidad y coherencia, no de intención política. Europol muestra que la mayoría de las reglas actuales fueron diseñadas para sistemas controlados a distancia, no para sistemas autónomos o semi-autónomos que pueden tomar decisiones y actuar en el entorno físico. En este contexto, surgen zonas grises relacionadas con la responsabilidad, el control humano, el uso operativo y la responsabilidad legal. El informe indica que, a medida que la autonomía tecnológica aumenta, los marcos legales existentes se vuelven insuficientes para cubrir situaciones reales ya encontradas por las fuerzas del orden.

Otra vulnerabilidad destacada es la fragmentación de la regulación. Los drones están regulados de manera relativamente avanzada, pero los robots terrestres, los sistemas subacuáticos o las plataformas híbridas siguen gobernados por un mosaico de normas sobre seguridad de productos, protección de datos, trabajo o espacio público. Europol sugiere que esta falta de armonización crea incertidumbre operativa para la policía y, paradójicamente, ventajas para los actores criminales, que pueden explotar las lagunas entre regímenes jurídicos.

El informe también llama la atención sobre la brecha entre la legislación general y las necesidades específicas de la aplicación de la ley. Actos como el AI Act, el Cybersecurity Act o la legislación sobre drones están diseñados para cubrir una amplia gama de usos civiles e industriales. Su aplicación en el contexto operativo de la policía plantea sin embargo problemas distintos, relacionados con la urgencia, la proporcionalidad y la protección de los derechos fundamentales en situaciones críticas. Europol indica que la falta de guías claras para estos escenarios corre el riesgo de bloquear el uso legítimo de la tecnología o, por el contrario, de generar abusos.

Finalmente, el informe sugiere que la regulación no debe ser solo reactiva, sino anticipativa. No es suficiente que la ley "alcance desde atrás" a la tecnología una vez que ya ha sido adoptada a gran escala, ya sea por la industria o por la criminalidad. Europol aboga por marcos que permitan la prueba controlada, la evaluación ética y la adaptación progresiva de las normas, de modo que las fuerzas del orden puedan seguir siendo relevantes sin sobrepasar los límites de la legitimidad democrática.

El análisis de Europol sugiere que la apuesta no es si la policía utilizará robots o drones, sino cómo logrará el estado ejercer su autoridad en una sociedad tridimensional, automatizada y profundamente interconectada. Sin autonomía tecnológica, sin regulación adaptada y sin confianza pública, la modernización de las fuerzas del orden corre el riesgo de permanecer fragmentada o cuestionada. En esencia, el informe de Europol traza una línea clara. El futuro de la seguridad europea no será decidido por hardware o software, sino por la capacidad de la Unión para anticipar, coordinar y legitimar el cambio. El orden público en una Europa marcada por lo "phygital" no puede mantenerse solo a través de adquisiciones o regulaciones puntuales, sino que requiere una estrategia que integre la tecnología, los derechos fundamentales y el contrato social en un marco coherente. Sin esta convergencia, el espacio entre la ley, la tecnología y la confianza corre el riesgo de convertirse precisamente en el terreno que la criminalidad del futuro explotará.