El Banco Central de Polonia anunció el lunes que ya no tramitará las órdenes de pago emitidas por el Tribunal Constitucional, agravando el conflicto entre el Gobierno liberal proeuropeo encabezado por Donald Tusk y el presidente nacionalista Karol Nawrocki. La decisión afecta al funcionamiento de la institución, cuya dirección es disputada por ambos bandos.
La crisis dura desde 2015, cuando el control del Tribunal Constitucional se convirtió en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre los liberales y el partido conservador Ley y Justicia (PiS). Tras el regreso al poder de la mayoría de Tusk, en 2023, el Parlamento designó a ocho nuevos jueces, pero el presidente Nawrocki se negó a recibir el juramento de cinco de ellos.
El conflicto se intensificó el 30 de octubre, cuando la policía aisló la sede del tribunal y la jueza Anna Korwin-Piotrowska se proclamó presidenta interina y suspendió a Bogdan Swieczkowski y Bartolmiej Sochanski. El Gobierno presentó la medida como una restauración del Estado de derecho, mientras que la oposición denunció un golpe de Estado.
El presidente Nawrocki, que se encontraba de visita en Senegal, regresó a Polonia y entró en la sede del tribunal, respaldado por manifestantes de la derecha. El Banco Central, dirigido por Adam Glapinski, cercano a los conservadores, sostiene que no puede intervenir en la disputa sobre la dirección de la institución. El Gobierno afirma, sin embargo, que garantizará el funcionamiento del tribunal. Las divergencias reflejan la profunda polarización política de Polonia, donde el presidente ha bloqueado varias leyes promovidas por la coalición de Tusk.
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