El gobierno panameño ha impuesto el estado de excepción en la provincia de Bocas del Toro, afectada por violentas protestas contra la reforma de las pensiones que han provocado saqueos y actos vandálicos. Los derechos constitucionales quedarán suspendidos durante cinco días, lo que permitirá a la policía efectuar detenciones sin orden judicial. Las protestas comenzaron cuando el sindicato de trabajadores bananeros se declaró en huelga y las tensiones aumentaron tras el despido de miles de empleados de Chiquita Brands. Los trabajadores bloquearon carreteras y dañaron las infraestructuras locales.
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