En las últimas dos décadas, Copenhague ha transformado la integración en un contrato individual, en el que el acceso a la residencia duradera y a la ciudadanía depende del empleo, el conocimiento del idioma y la conformidad cívica. Según el análisis realizado por Lucie Tungul, investigadora en el Wilfried Martens Centre for European Studies, este enfoque representa "un compromiso político entre la cohesión social y la apertura liberal, en el que la integración se convierte en una responsabilidad individual, no en una inclusión colectiva".
Las reformas sucesivas, desde la limitación de la reagrupación familiar hasta la restricción de los beneficios sociales, han estabilizado el consenso político interno y han reducido el apoyo a la extrema derecha, pero también han producido efectos sociales ambiguos.
Dinamarca ha redefinido el concepto de integración, transformándolo de una responsabilidad colectiva en una obligación personal. Desde 2010, el acceso a la residencia permanente y, posteriormente, a la ciudadanía ha estado condicionado a la demostración de una "integración exitosa", medida a través de la participación activa en la sociedad, el conocimiento del idioma y el empleo. Cada migrante firma un contrato individual de integración, mediante el cual asume objetivos concretos, supervisados por el municipio. La evaluación se realiza a través de un sistema de puntos y pruebas de "ciudadanía activa", que incluye no solo las competencias lingüísticas y profesionales, sino también el respeto a los valores cívicos daneses: la democracia, la igualdad de género, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa.
Al mismo tiempo, las reformas adoptadas después de 2001 han vinculado directamente los derechos de trabajo y autosuficiencia, reduciendo significativamente la asistencia social para los migrantes no pertenecientes a la UE. Con el llamado "cambio de paradigma" de 2019, el énfasis se ha trasladado de la integración a largo plazo al retorno voluntario: el estatus de refugiado se ha vuelto temporal, y los beneficios sociales se han transformado en "ayuda para la autosuficiencia o repatriación", de hasta 5.400 euros. Aquellos que rechazan el retorno son colocados en centros especiales, sin apoyo financiero. Muchas de estas medidas son posibles gracias a la opción de exclusión de Dinamarca de la política común de la UE sobre asilo, lo que otorga al gobierno un margen de maniobra único en Europa, pero también una responsabilidad aumentada frente al derecho europeo.
Según los datos citados por Tungul, al 1 de enero de 2024, los inmigrantes y sus descendientes representaban el 16% de la población, de los cuales el 10% provenía de países no occidentales y el 6% de estados occidentales. Los rumanos constituyen aproximadamente el 5% del total de inmigrantes y descendientes en Dinamarca, después de Turquía y Polonia. La tasa de ocupación para los grupos MENAP y Turquía es del 60%, mientras que para los demás no occidentales alcanza el 71%. Las mujeres de estos grupos tienen una tasa de empleo de solo el 53%, sin embargo, la generación nacida en Dinamarca alcanza el 73%, señal de una integración lenta, pero real.
Entre 1986 y 2016, la Ley de inmigración fue modificada 118 veces, una frecuencia sin precedentes en Europa, que muestra un proceso legislativo permanentemente adaptado a la presión política y social.
Lucie Tungul muestra que el enfoque danés ha logrado reducir el apoyo a los partidos radicales mediante la adopción por parte de las principales fuerzas políticas de una línea restrictiva común. Los socialdemócratas han continuado incluso endureciendo la legislación, con una visión declarada de "cero solicitudes de asilo". Sin embargo, la investigadora subraya los costos: "una integración basada en la disuasión puede producir adaptación sin pertenencia, una participación económica sin sentido de inclusión cívica". Persisten diferencias significativas en empleo, educación y movilidad social entre daneses e inmigrantes no occidentales, y la inseguridad jurídica de los refugiados temporales alimenta un sentimiento de provisionalidad.
La política de dispersión territorial ha sido considerada un éxito administrativo, pero no ha impedido la aparición de áreas con altas concentraciones de migrantes no occidentales, lo que ha llevado a la adopción de la ley conocida inicialmente como "la ley de los guetos". En su forma actual, renombrada "ley de sociedades paralelas", las normas están siendo investigadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por posible discriminación basada en origen étnico. Tungul señala que "las medidas pueden entrar en conflicto con los principios fundamentales del derecho de la UE, especialmente en la evaluación de la vivienda y la mezcla social", un asunto que podría tener consecuencias para las políticas urbanas en otros estados miembros.
El modelo danés ofrece, según la autora, una lección doble: la administración eficiente, la descentralización hacia los municipios y el énfasis en el trabajo son elementos replicables; sin embargo, una integración construida sobre la disuasión y la condicionalidad puede generar efectos de exclusión a largo plazo. "El éxito político de Dinamarca es indiscutible, pero queda por ver si este modelo asegura una sociedad cohesiva y sostenible", escribe Tungul en conclusión.
La comunidad rumana en Dinamarca, estimada en aproximadamente el 5% del total de inmigrantes, se distingue por un perfil predominantemente económico e integrado, basado en el trabajo y la movilidad profesional. A diferencia de los grupos no occidentales afectados por las medidas restrictivas, la mayoría de los rumanos se encuentra en sectores como la construcción, la logística, la agricultura y los servicios, contribuyendo directamente a la economía danesa y beneficiándose de la libertad de circulación garantizada por el estatus de ciudadanos de la UE. Esta orientación hacia la autosuficiencia los coloca en una categoría percibida favorablemente por las autoridades locales, que aplican un enfoque administrativo diferente al destinado a refugiados o migrantes extraeuropeos.