Antes de la marcha, Polonia había sufrido una serie de ataques que llevaron a la adopción de medidas excepcionales: la policía movilizó a más de 20.000 agentes en las escuelas, después de tres incidentes con apuñalamientos en cuatro días, mientras las autoridades inspeccionaban aproximadamente 80.000 centros educativos. El primer ministro Donald Tusk convocó una reunión de crisis y prometió medidas contra la violencia entre los jóvenes, advirtiendo sobre la «glorificación de la violencia» en internet y el «culto a la fuerza», aunque fue rechazada la idea de un vínculo coordinado entre los ataques.
Paralelamente, las tensiones políticas relacionadas con el Tribunal Constitucional siguieron siendo elevadas: la policía de Varsovia detuvo a un hombre armado en una protesta organizada frente al tribunal. El presidente Karol Nawrocki acusó a Tusk de orquestar la toma «por la fuerza» de una institución constitucional, mientras que Tusk rechazó la acusación, afirmando que busca restablecer el Estado de derecho.
En este contexto, el Gobierno polaco también anunció planes de fortalecimiento militar para 2027, con el objetivo de convocar a más de 300.000 reservistas y reclutas, evaluarlos y asignarlos a unidades, como parte del refuerzo del ejército tras la invasión rusa de Ucrania.
