Antes de las vacaciones de dos semanas, las protestas de los estudiantes provocaron el cierre total o parcial de entre 400 y 500 institutos, en un contexto de deterioro de los edificios y falta de profesores. Las autoridades informaron de que 24 centros educativos habían sido incendiados o vandalizados, y que 78 trabajadores de la educación habían resultado heridos, además de numerosos incidentes violentos con las fuerzas del orden.
El movimiento estuvo acompañado de detenciones y heridos: el Ministerio de Justicia anunció que, desde el inicio de las manifestaciones, más de 6.800 personas habían sido detenidas, el 86% de ellas menores. Tras un caso en el que un adolescente resultó gravemente herido por una granada aturdidora (lo que requirió la amputación de una mano), el Gobierno suspendió la semana pasada el uso de estos dispositivos y anunció investigaciones sobre 18 presuntos casos de abuso por parte de miembros de las fuerzas del orden.
Paralelamente, el Gobierno intentó calmar la situación: anunció el envío de aproximadamente 3.000 profesores suplentes a 114 institutos afectados y ajustes presupuestarios para 2027. Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes de Instituto consideró insuficientes las medidas y solicitó inversiones adicionales de 10 millones de euros para la renovación y modernización.
