En septiembre, el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque aéreo contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas, resultando en 11 muertes, utilizando un avión militar camuflado como aparato civil. The New York Times informó que esta práctica podría violar el derecho internacional humanitario, que prohíbe la "perfidia". Desde el inicio de la campaña, EE. UU. ha llevado a cabo ataques aéreos que han resultado en más de 100 muertes en el Caribe y el Pacífico, sin presentar pruebas de que las embarcaciones objetivo estuvieran involucradas en tráfico.
El ataque inicial fue realizado por un avión que transportaba municiones en su interior, y un segundo ataque fue lanzado sobre los sobrevivientes. El uso de un avión no marcado y sin insignias militares ha sido criticado por expertos en derecho de la guerra, quienes han señalado que esto podría hacer que el ataque fuera ilegal. La administración Trump mantuvo en secreto la planificación de estas operaciones, y los funcionarios fueron acusados de socavar el papel de los abogados militares. Aunque el ejército estadounidense utilizó aeronaves civiles modificadas, los ataques contra embarcaciones han sido considerados ilegales, ya que no representaron una amenaza inminente. Esta situación plantea serias preguntas sobre la legalidad de las acciones de EE. UU. en este contexto.
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