El parlamento húngaro ha adoptado una ley que obliga al ayuntamiento de Budapest a contratar préstamos, poniendo en peligro al alcalde Gergely Karacsony con la cárcel.

El parlamento húngaro ha votado una ley que podría obligar al ayuntamiento de Budapest, dirigido por el alcalde ecologista Gergely Karacsony, a contratar préstamos en condiciones poco claras, en el contexto de una aguda crisis financiera. La ley fue adoptada rápidamente, con 136 votos a favor y 34 en contra, y permite al ayuntamiento solicitar un crédito del Banco de Desarrollo de Hungría, en caso de retrasos en el pago de salarios. Además, el alcalde está obligado a presentar documentos financieros y a implementar reformas en un plazo de seis meses, de lo contrario arriesga una pena de hasta dos años de prisión.

Karacsony acusa al gobierno liderado por Viktor Orban de hostigar a la capital y de imponer impuestos excesivos, que afectan gravemente el presupuesto municipal. El ayuntamiento ha impugnado en los tribunales el impuesto de solidaridad, considerado inconstitucional, pero el gobierno sostiene la necesidad de redistribuir los fondos. Esta situación tensa refleja el conflicto entre la administración local y el gobierno central.