La Corte Suprema de Panamá declaró el jueves inconstitucionales las leyes que permitían al conglomerado CK Hutchison de Hong Kong explotar los puertos de Cristóbal y Balboa, situados en las entradas del Canal de Panamá. La decisión fue influenciada por las quejas de la Contraloría de Panamá, que consideró que los contratos eran irregulares y perjudiciales para los intereses nacionales.
Esta acción se produce en medio de las presiones por parte de Estados Unidos, que desea reducir la influencia de China en la zona. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también ha sostenido que estos contratos son contrarios a los intereses nacionales.
Las acciones de CK Hutchison cayeron un 5,28% en la Bolsa de Hong Kong tras el anuncio. Aunque el grupo aceptó ceder el control de los puertos a un conglomerado estadounidense, la transacción no se ha completado.
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